El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ Ecuador) alertaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el deterioro de la independencia judicial en Ecuador. Durante una audiencia pública, las organizaciones advirtieron que las presiones contra operadores de justicia, el debilitamiento institucional y las restricciones al espacio cívico ponen en riesgo el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.
Las organizaciones señalaron que los problemas estructurales del sistema judicial se han agravado por ataques, amenazas y hostigamiento contra jueces y otras autoridades. Entre las principales debilidades mencionaron las deficiencias en los procesos de selección, la prolongada provisionalidad en cargos de alta responsabilidad y los mecanismos que facilitan juicios políticos e investigaciones penales y administrativas contra autoridades judiciales. También denunciaron prácticas de estigmatización y criminalización, incluso por parte de altas autoridades estatales, especialmente en casos de interés público en los que las decisiones judiciales generan controversia.
La violencia del crimen organizado constituye otra amenaza. Según los registros del ODJ, entre 2020 y 2026 se documentaron 52 atentados graves contra la vida y la integridad de operadores de justicia, que dejaron 31 víctimas mortales. Además, siete funcionarios judiciales fueron asesinados durante cinco meses de 2026. Las organizaciones también identificaron cinco patrones de presión contra la Corte Constitucional: intimidación, intentos de limitar sus competencias, restricciones administrativas y financieras, criminalización de jueces y campañas de deslegitimación pública. A su juicio, estas acciones amenazan la capacidad de la Corte para ejercer de manera independiente el control constitucional.
Ante la CIDH, las organizaciones solicitaron dar seguimiento prioritario a la crisis democrática en Ecuador, con énfasis en la independencia judicial, realizar una visita de trabajo al país y elaborar un informe con recomendaciones específicas y verificables. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, quien participó en la audiencia, coincidió con varias de las preocupaciones expuestas. Las organizaciones insistieron en que la independencia judicial es una garantía para los operadores de justicia y una condición indispensable para preservar el Estado de derecho y proteger los derechos humanos.
