Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, expresó su preocupación por la destitución de tres jueces en Ecuador y advirtió sobre las posibles implicaciones de esta medida para las garantías de independencia judicial.
En un pronunciamiento publicado en su cuenta de X, la experta señaló que las destituciones estarían relacionadas con la actuación de los magistrados al resolver un recurso judicial. Advirtió que los jueces deben poder ejercer sus funciones sin presiones ni temor a represalias por las decisiones que adoptan.
Satterthwaite recordó que la independencia judicial exige que los magistrados resuelvan los casos conforme a derecho, sin temor a ser sancionados por el contenido de sus resoluciones. Este principio es una garantía fundamental para el funcionamiento de la justicia y la protección del Estado de derecho.
El pronunciamiento se produce en medio del debate sobre las garantías para el ejercicio de la función judicial en Ecuador. La relatora puso énfasis en la necesidad de proteger la autonomía de los jueces y evitar que los procedimientos disciplinarios se conviertan en mecanismos de presión sobre sus decisiones.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a los jueces Silvana Lorena Velasco Velasco, Byron Leonardo Uzcátegui Arregui y Wiler Fabricio Chóez Avilés, tras aprobar por unanimidad los informes de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario correspondientes a sus expedientes.
Los tres magistrados permanecían suspendidos desde el 27 de julio de 2026, cuando el organismo dispuso que fueran apartados de sus funciones durante tres meses, sin remuneración, mientras se tramitaban los procedimientos disciplinarios en su contra por un presunto error inexcusable.
