Sanción del TCE: una decisión política
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) vuelve a estar en el centro del debate por sancionar a la vicepresidenta Verónica Abad. Según el jurista Boris Ávila, la sentencia viola derechos y la Constitución con el objetivo de ejercer presión política. “Lo que buscaban era la destitución directa de Abad”, afirmó.
Primera sentencia: suspensión de derechos políticos
El juez electoral Guillermo Ortega emitió una sentencia en primera instancia contra Abad, suspendiéndola de sus derechos políticos por dos años y ordenándole pagar una multa de $14.100 por presunta “violencia política” contra la canciller Gabriela Sommerfeld.
Además, la resolución exige que Abad ofrezca disculpas públicas en un diario de circulación nacional dentro de los 30 días posteriores a la ejecución de la sentencia. También se notificará al Ministerio de Trabajo y al Consejo Nacional Electoral para hacer cumplir la sanción.
Si no paga la multa en un plazo de tres meses, el cobro se ejecutará por la vía coactiva, según el artículo 299 del Código de la Democracia.
El origen del proceso y los cuestionamientos
La denuncia fue presentada por Sommerfeld, quien acusó a Abad de expresarse con estereotipos de género y menoscabar su imagen. Ortega, el juez que emitió la sentencia, ha sido señalado en el Caso Plaga por presuntamente recibir $30.000 para favorecer al prefecto de Cotopaxi, Hermel Tayupanda.
Otras sentencias contra Abad
Desde su traslado a Israel por orden de Daniel Noboa, Verónica Abad ha enfrentado múltiples procesos judiciales:
- El 20 de febrero, el TCE ratificó otra sentencia en su contra por campaña anticipada en las elecciones de Cuenca 2023 y la multó con $9.400.
- El Ministerio de Trabajo inició un sumario administrativo en su contra por no presentarse a tiempo en Turquía. La sancionó con 150 días de suspensión por supuesto abandono del cargo. Al respecto de esta caso la Corte Constitucional emitió una sentencia donde determina que un funcionario de elección popular dentro de la Función Ejecutiva no puede ser suspendido o destituido mediante un sumario administrativo.
Reacciones: justicia usada como arma política
Juristas y analistas han criticado las decisiones judiciales, señalando que la justicia se está utilizando como herramienta política. Advierten que estos fallos debilitan el Estado de Derecho y expresaron su solidaridad con Verónica Abad.
