El 25 de febrero de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó casi por unanimidad una resolución clave para respaldar las acciones de cooperación internacional en seguridad con otros países y organismos internacionales, evidenciando una vez más el firme compromiso del Legislativo en la lucha contra el crimen organizado.
La moción, presentada por el asambleísta Otto Vera (PSC) y respaldada por 121 votos a favor, llega en un contexto de alarmante violencia que ha golpeado al país, con más de 1,000 muertes solo en los primeros dos meses del año. Sin embargo, mientras el Legislativo toma la iniciativa, el Ejecutivo continúa sin una respuesta contundente ante los crecientes índices de inseguridad.
La Asamblea Nacional como actor clave en la seguridad del país
La resolución aprobada por la Asamblea Nacional permite al gobierno ecuatoriano establecer vínculos con otros países y organismos internacionales para fortalecer la lucha contra la delincuencia.
Si bien algunos expertos constitucionalistas como Paúl Córdova y Miguel Molina señalaron que no era necesario un pronunciamiento del Legislativo para promover esta cooperación internacional, lo cierto es que el respaldo de la Asamblea no solo refleja una postura política, sino también una de las pocas respuestas institucionales ante la crisis de seguridad que afecta a los ciudadanos.
Este gesto político subraya la responsabilidad del Gobierno en la implementación de políticas públicas eficaces para combatir el crimen organizado. La cooperación internacional es clave, pero sin una acción interna que permita el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la colaboración con otros países será solo un parche temporal para un problema que requiere soluciones estructurales.
La inacción del Gobierno frente a un apoyo total de la Asamblea
El problema de fondo es que, pese a las decisiones de la Asamblea, el Gobierno ha mostrado una notoria falta de acción para ejecutar las leyes y acuerdos aprobados.
A lo largo de los últimos años, la Asamblea ha proporcionado al Ejecutivo un marco legal robusto para combatir la inseguridad, que incluye desde la aprobación de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) hasta la autorización para la negociación de acuerdos internacionales en materia de seguridad. Sin embargo, la falta de implementación de estas leyes por parte del Gobierno ha sido una constante.
Como recordó la asambleísta Ana Galarza durante la sesión, la Asamblea ya ha dado al Ejecutivo «todas las herramientas necesarias para enfrentar la inseguridad», desde reformas económicas hasta cambios en el ámbito de seguridad. El Gobierno, sin embargo, parece no haber tomado ventaja de estos recursos legislativos, lo que ha generado un vacío de responsabilidad y un aumento de la frustración ciudadana.
La resolución: un esfuerzo simbólico, pero insuficiente sin acción gubernamental
La resolución aprobada también insta al Gobierno a ejecutar los acuerdos de cooperación internacional ya firmados, y a coordinar las acciones con la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.
Aunque es un paso importante, la resolución no tiene un valor jurídico vinculante, lo que deja en manos del Ejecutivo la capacidad de implementar o ignorar los acuerdos. Esto ha generado críticas como la de Gustavo Silva, quien considera que la resolución carece de validez sin un tratado formal y que la ejecución de estos acuerdos depende de un proceso legislativo y judicial más profundo.
El llamado a la acción: La responsabilidad del Ejecutivo es ineludible
Durante el debate en la Asamblea, se subrayó que la responsabilidad de ejecutar las medidas está en manos del Ejecutivo. Varios legisladores enfatizaron que el Legislativo ya ha dado el respaldo necesario a las políticas de seguridad y que ahora corresponde al Gobierno tomar la delantera.
En palabras de Galarza, «no depende de esta Asamblea Nacional, necesitamos que el país salga adelante y no queremos más pretextos». Esta declaración refleja la frustración de un Legislativo que, pese a haber tomado decisiones trascendentales, ve cómo el Ejecutivo sigue eludiendo su responsabilidad en la implementación de políticas que realmente aborden la inseguridad en el país.
