Más de 30 juristas emitieron un comunicado este 7 de diciembre denunciando la continua violación del Estado de Derecho en el Ecuador desde el inicio de la campaña electoral.
Los firmantes señalan que estas acciones afectan gravemente el orden constitucional y democrático del país, instando a las autoridades a actuar con ética y transparencia.
Principales puntos del comunicado:
1. Sobre la obligatoriedad de solicitar licencia El comunicado aclara que la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional de 2010 no regula la figura de la licencia, sino que se limita a interpretar el cálculo de los períodos presidenciales. En contraste, el Código de la Democracia establece claramente que las autoridades deben solicitar licencia para garantizar igualdad en la contienda electoral y el uso adecuado de recursos públicos.
2. Sobre el rol de la Vicepresidencia
Los juristas afirman que, según la Constitución, en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente, corresponde al Vicepresidente asumir el cargo. Argumentan que no hay base legal para designar a otra persona por decreto, ya que no existe abandono del cargo por parte del Vicepresidente.
3. Infracciones por no solicitar licencia
El Código de la Democracia, en sus artículos 278 y 279, contempla sanciones como destitución o la suspensión de derechos de participación por hasta cuatro años para candidatos que incumplan la obligación de pedir licencia. Además, el uso indebido de recursos públicos podría configurarse como peculado, una causal para juicio político.
4. Competencias de los organismos públicos
El Consejo Nacional Electoral debe garantizar el cumplimiento de la normativa electoral y denunciar infracciones al Tribunal Contencioso Electoral.
Por su parte, la Contraloría General del Estado debe fiscalizar el uso de recursos públicos por parte de los funcionarios en campaña.
Otros organismos, como el Consejo de Participación Ciudadana y el Tribunal Contencioso Electoral, también tienen responsabilidades claras en este contexto.
5. Declaraciones del Ministro de Defensa
El comunicado también critica las declaraciones del Ministro de Defensa respecto a la desaparición y ejecución de cuatro menores en Guayaquil. En lugar de cumplir la orden judicial y asumir responsabilidades, el Ministro ha optado por intimidar a la jueza del caso y cuestionar los derechos humanos, calificándolos como herramientas de persecución política.
Conclusión
Los juristas instan a las instituciones a actuar con celeridad para garantizar el respeto a la democracia y al Estado de Derecho. Advierten que la persistencia de estas irregularidades podría generar una grave crisis política y social.
