El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes una ordenanza que establece nuevas condiciones para controlar y mejorar la calidad del transporte público en la capital. La normativa condiciona el acceso a la compensación y alza de tarifas con recursos municipales al cumplimiento de estándares de calidad, gestión y tecnología por parte de los transportistas.
Entre los requisitos consta la presentación de descargos mensuales notarizados para verificar qué unidades prestaron efectivamente el servicio. También se exige el cumplimiento de los hitos de gestión y la instalación de sistemas y equipos. Por primera vez, los transportistas deberán presentar un certificado de no adeudar al Municipio de Quito. Además, quienes tengan multas o infracciones relacionadas con conducción negligente deberán cumplir con sus obligaciones antes de acceder a los recursos.
La ordenanza se suma a los controles permanentes que realiza el Municipio. Entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutó 1.439 operativos al transporte público en distintos puntos de Quito. A esto se suma la fiscalización semanal de 42 rutas por parte de la Secretaría de Movilidad: 24 del corredor Sur Occidental y 18 del corredor Central Norte.
