El caso Sinohydro llegará a los tribunales convertido en un espectro judicial: un proceso que se arrastra desde 2019 sin sustento, sin pruebas sólidas y con inculpaciones que parecen más un ejercicio de ficción que de derecho. La pregunta es inevitable: ¿qué podrá decir la Fiscalía cuando no existe respaldo alguno?
Un juicio sin cimientos
El delito de cohecho que se pretende sostener carece de pruebas verificables.
Los nombres de los inculpados, como el abogado Eduardo Carmigniani, aparecen en el expediente sin razón clara, como piezas forzadas en un rompecabezas que nunca encaja.
El propio nombre del caso, “Sinohydro”, es un disfraz: no hay relación directa con la empresa, ni evidencia que la vincule.
Lo que existe es un intento de trasladar la carga hacia la familia y allegados del expresidente Lenín Moreno, bajo el eco del viejo expediente INA Papers.
La Fiscalía frente al vacío
Cuando el proceso llegue a los tribunales, la Fiscalía tendrá que enfrentar el vacío. ¿Cómo sostener un caso sin pruebas? ¿Cómo justificar inculpaciones sin respaldo?
La apelación y las dilaciones solo prolongan la agonía de un expediente que nació muerto.
La justicia ecuatoriana se expone a un desgaste monumental: alargar indefinidamente un proceso que carece de sustento es, en sí mismo, una forma de injusticia. Y el mensaje es muy negativo para la inversión extranjera.
La intención detrás del caso
Lo que se evidencia es una intención política y geopolítica de larga data. No se trata de Sinohydroni de cohecho.
Se trata de manchar la reputación de la central hidroeléctrica más grande del país: Coca Codo Sinclair.
Una obra que lleva nueve años operando sin pausa, respondiente a los requerimientos que hace de la central el sistema nacional interconectado y respondiendo así a las necesidades energéticas del Ecuador.
Un proceso que erosiona la institucionalidad
Cada día que este caso se prolonga sin pruebas es un golpe a la credibilidad de la justicia.
La Fiscalía insiste en sostener un relato vacío, mientras los tribunales se ven obligados a administrar un proceso muerto.
La paradoja es brutal: se invierte tiempo y recursos en un expediente sin sustento, mientras se oculta la verdadera intención de fondo: debilitar la legitimidad de una infraestructura estratégica para el país.
Este caso ya no es jurídico, es político. Y en esa dimensión, lo que se juega no es la culpabilidad de los inculpados, sino la reputación de un proyecto energético que sostiene al Ecuador, respaldado por el diseño y la construcción de una empresa experta.
La justicia, atrapada en este laberinto, corre el riesgo de convertirse en cómplice de una narrativa que busca manchar lo que debería ser motivo de orgullo nacional. Fin
