La ratificación de la sentencia contra la vicepresidenta Verónica Abad, notificada hoy por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), es un claro ataque a sus derechos. Esta decisión refuerza un patrón de persecución política y es otro golpe a la democracia en Ecuador, mostrando cómo el abuso de poder se ha normalizado en la política del país.
El juez Joaquín Viteri y su parcialidad política
El juez Joaquín Viteri, ex candidato a la Asamblea Nacional por el partido Concertación de César Montúfar, ratificó la sentencia de segunda instancia. Esta sentencia valida completamente la actuación del magistrado Guillermo Ortega, quien suspendió los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad por dos años. Esta medida evidencia la influencia de intereses políticos y la falta de imparcialidad en el sistema judicial.
La defensa constitucional y el peligro para la democracia
El constitucionalista Alberto Montenegro advierte que, con esta ratificación, no solo se pone en riesgo la democracia, sino que se confirma el continuo atropello a los derechos de Abad. Desde su marginación diplomática hasta la detención de su hijo sin condena, Abad ha sido objeto de medidas que le impiden acceder a su cargo público. Según Montenegro, esto es un patrón de exclusión que, aunque legalmente justificado, es profundamente arbitrario. Criticar esta sentencia no es solo defender a la vicepresidenta, sino defender los principios constitucionales como el debido proceso y la independencia judicial.
El uso del poder para neutralizar a los opositores
Montenegro alerta sobre el uso de sanciones administrativas y judicialización selectiva. Este mecanismo de silenciamiento, que ya afecta a quienes llegaron al poder por voluntad popular, puede extenderse a otros opositores. También cuestiona la institucionalidad, que cada vez se ve más amenazada por estos abusos de poder.
El marco constitucional y la posible destitución de la vicepresidenta
El abogado Jean Iñiguez señala que la sentencia contra Abad contradice las causales constitucionales para la destitución de la vicepresidencia. La Constitución (Art. 145) establece que solo se puede destituir al vicepresidente por razones como enfermedad o licencia emitida por la Asamblea Nacional. Ninguna de estas causales se aplica en el caso de Abad. Además, la Corte Constitucional ha establecido que las mismas causales para cesar al presidente se aplican a la vicepresidenta, lo que refuerza la ilegalidad de la sentencia.
La aplicación retroactiva de la sentencia es un abuso de poder
La abogada Ana Belén Cordero afirma que la sentencia no puede aplicarse retroactivamente. Verónica Abad fue legalmente posesionada por la Asamblea Nacional en su cargo. Cualquier medida contra ella debe ajustarse al marco legal y a los dictámenes de la Corte Constitucional. Solo la Asamblea Nacional tiene la facultad de ejercer control político sobre la vicepresidencia.
La farsa de una audiencia judicial
Los jueces Ivonne Coloma, Joaquín Viteri y Ángel Torres ratificaron la sentencia de manera parcial. El juez Fernando Muñoz, en cambio, se mostró en desacuerdo, pues consideró que las diferencias entre Abad y Sommerfeld no prueban violencia política de género. Para Muñoz, la sanción es desproporcionada y afecta la libertad de expresión de los funcionarios públicos.
La apelación de la vicepresidenta y el fallo en su contra
Tras la sentencia de primera instancia de Guillermo Ortega, Verónica Abad apeló, alegando que no fue correctamente notificada sobre el inicio del proceso. Sin embargo, Viteri defendió la notificación, asegurando que Abad fue informada en tres ocasiones, lo que desmentiría su versión.
¿Destitución de la vicepresidenta Abad?
El jurista Esteban Ron sostiene que el TCE debe notificar a la Asamblea Nacional sobre la ausencia temporal de la vicepresidenta. Si esta ausencia supera los 90 días, se convierte en definitiva, y el presidente deberá presentar una terna para elegir un nuevo vicepresidente. No obstante, Abad puede presentar una acción de protección ante la Corte Constitucional para evitar su destitución. Ron recuerda que solo un juicio político puede destituir a un presidente o vicepresidente, y que cualquier otra medida sería inconstitucional.
Pronunciamiento de Verónica Abad
Tras conocer la sentencia, la vicepresidenta Verónica Abad se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter), manifestando que no fue notificada conforme a lo establecido por la ley. Además, negó que sus declaraciones hayan constituido violencia política de género, citando lo señalado por el juez Fernando Muñoz.
Abad también recordó que denunció a Guillermo Ortega por «prevaricato» ante la Fiscalía, cuestionando la imparcialidad del proceso y la justicia electoral en el país. «¿Podremos creer en un proceso electoral justo para los ecuatorianos?», concluyó.
