La ingeniera Sofía Espín ha revelado que no solo el candidato presidencial Daniel Noboa miente, sino que todo su gabinete sigue el mismo patrón. Según Espín, «el cinismo está en su ADN», y advirtió que las declaraciones de la Ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, sobre la adjudicación del Campo Sacha son completamente falsas.
El recurso no es propiedad del Estado
Espín aseguró que el gobierno miente al afirmar que el Contrato de Participación mantiene la propiedad del recurso para el Estado ecuatoriano. La realidad es que, en este acuerdo, el país pasa de tener el 100% del control soberano sobre el crudo a entregar el 81% a un consorcio privado, sin una licitación abierta, lo cual implica una privatización ilegal de un recurso nacional.
Durante una rueda de prensa, el Ministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, intentó defender el acuerdo al indicar que, si el precio del crudo baja a 30 dólares por barril, el Estado recibiría el 12.5% de la producción del Campo Sacha. Sin embargo, advirtió que, en caso de que el crudo llegue a un precio de 120 dólares o más, la participación del Estado podría superar el 20%. No obstante, este escenario dependería de un evento catastrófico global, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que aumentó los precios de forma excepcional.
La “invitación” no reemplaza una licitación pública
La adjudicación del Campo Sacha, realizada mediante una «invitación directa», se enmarca en lo que la Ley Orgánica de Contratación Pública (LOSNCP) denomina una contratación por Giro Específico de Negocio (GEN), que se utiliza cuando no hay competencia de oferentes en el mercado.
El Giro Específico de Negocio se refiere a actividades concretas que realiza la administración, como la contratación de un servicio, obra o suministro, y suele aplicarse a empresas públicas o de la economía popular y solidaria. Estas contrataciones son reportadas posteriormente en el portal de compras públicas, lo que genera varios problemas. Primero, la información no se publica de manera oportuna; segundo, no cuenta con expedientes completos, lo que compromete la calidad de los datos y dificulta el análisis, afectando los principios de transparencia, calidad y competencia.
En contraste, una licitación es un proceso más riguroso que implica una evaluación de proveedores por parte de una comisión técnica especializada y una puja posterior, ya sea en un acto público o en línea, para asegurar la competencia y la reducción de precios.
La «prima» de 1.500 millones de dólares es una falsedad
Espín también denunció que el gobierno miente sobre la supuesta prima de 1.500 millones de dólares que la empresa petrolera pagaría por la concesión. Petrolia, como se detalla en su propia página web, financiará su inversión utilizando el mismo crudo ecuatoriano.
Solvencia de la compañía: una mentira comprobada
La ingeniera desmintió también la supuesta solvencia de la empresa New Stratus Energy, encargada de operar los bloques 16 y 67. En 2022, esta empresa fue separada de la administración de esos bloques por no cumplir con los requisitos de solvencia y experiencia técnica. Espín señaló que, a pesar de esta falta de solvencia, la misma empresa ahora se beneficia de la adjudicación del Campo Sacha, lo cual es ilegal.
¿Inversión de alto riesgo o una oportunidad?
La compañía New Stratus Energy también tiene dificultades financieras que se revelan en la reciente publicación de resultados financieros de 2024, los que reflejan una pérdida neta de 1.8 millones de dólares. A pesar de mostrar señales de liquidez, la compañía aún no logra convertir sus operaciones en beneficios sostenibles, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de la inversión.
La operación está en manos de un consorcio privado
Por último, la adjudicación del Campo Sacha ha recaído en un consorcio privado chino-venezolano-canadiense. Al analizar esta situación, el analista Marco Flores cuestionó por qué este consorcio, SINOPETROL, ha ignorado el reclamo popular y las próximas elecciones presidenciales. También señaló la falta de prudencia al proceder con la operación sin tener en cuenta posibles cambios en el gobierno, lo que hace sospechar sobre los intereses detrás de este consorcio y su afán por apoderarse del principal campo petrolero de Ecuador.
Arbitraje internacional y riesgos constitucionales
Finalmente, Espín alertó sobre la posibilidad de que esta operación incluya cláusulas de arbitraje internacional, lo que iría en contra de la Constitución y de la voluntad popular expresada en la consulta popular de abril de 2024. Exhortó al gobierno a respetar los derechos del pueblo ecuatoriano y recordó que el peculado no prescribe, advirtiendo que los ecuatorianos no deben permitir que el afán de dinero ponga en riesgo los presupuestos destinados a la salud, educación y seguridad por los próximos 20 años.
