A través de su cuenta de X (antes Twitter) el economista Andrés Arauz, quien también se desempeña como secretario del Movimiento Revolución Ciudadana, denunció un posible perjuicio al Estado ecuatoriano de alrededor de 240 millones de dólares debido a la venta de las reservas de oro del Banco Central del Ecuador. Arauz presentó, además, una solicitud formal ante la Contraloría General del Estado y la Asamblea Nacional para iniciar procesos de fiscalización sobre la operación.
Venta sospechosa de 7.5 toneladas de oro
Arauz señaló que el gobierno de Daniel Noboa, dispuso al Banco Central (BCE) la venta de 7.5 toneladas de oro a un banco denominado SEB. El economista cuestionó el hecho de que esta venta se realizara por un precio considerablemente bajo, sin justificación adecuada.
Según sus investigaciones, se registraron «utilidades contables» para prevenir futuras auditorías de la Contraloría, pero en la práctica, la transacción resultó en pérdidas millonarias para el Estado ecuatoriano.
La historia de las reservas de oro
Desde su creación en 1927, el BCE ha acumulado reservas de oro, comprando el metal a pequeños mineros y almacenándolo tanto en el país como en el extranjero. A lo largo de casi un siglo, Ecuador acumuló cerca de 30 toneladas de oro, aproximadamente un millón de onzas.
Estos activos no solo sirven como reserva de valor, sino también como un respaldo ante posibles crisis económicas. Sin embargo, Arauz explicó que, a lo largo de los años, los gobiernos del país se han mostrado reticentes a vender estas reservas, dada la tendencia del oro a subir de precio debido a la inflación.
El impacto negativo de la venta bajo el gobierno de Noboa
Arauz criticó que, en el contexto de una inflación elevada en los Estados Unidos, que impulsó el valor del oro, el gobierno de Noboa autorizó la venta de 7.5 toneladas de oro a un precio muy inferior al de mercado.
A pesar de que el oro está valorado en aproximadamente 3,000 dólares por onza, el gobierno lo vendió a 2,000 dólares por onza, lo que generó una pérdida de 240 millones de dólares, equivalente a 2.5 toneladas de oro. Arauz calificó esta venta como un «desfalco con consecuencias permanentes para el pueblo ecuatoriano».
Irregularidades contables y responsabilidad pública
El economista, con amplia experiencia en el Banco Central, explicó que según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los estándares del Fondo Monetario Internacional (FMI), no es posible generar «utilidades» contables a través de esta venta, ya que el precio de mercado del oro estaba claramente establecido.
Arauz denunció que esta venta, en lugar de generar ingresos para el país, ha resultado en un grave perjuicio económico para las reservas nacionales y la estabilidad de la dolarización en Ecuador.
Posibles implicados en fraude
Arauz también cuestionó la identidad de los compradores de las 7.5 toneladas de oro, ya que el gobierno clasificó esta información como secreta o reservada. El economista indicó que está investigando si algunos de los compradores están relacionados con empresas offshore, específicamente Festil Investments S.A. y Bostel Finance S.A., las cuales nunca fueron reportadas al Servicio de Rentas Internas (SRI) y que, según se presume, tienen vínculos con el presidente Daniel Noboa.
Además, Arauz sugirió que el principal «testaferro» en estas transacciones podría ser Daniel Correia Peñaherrera, sobrino político del viceministro de Hidrocarburos, vinculado al escándalo de la privatización de Sacha
Consecuencias legales y responsabilidad del gobierno
Finalmente, Arauz recordó que según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el artículo 278 establece penas de prisión de 10 a 13 años para servidores públicos o personas con potestad estatal que dispongan arbitrariamente de recursos públicos o privados, o que cometan abusos con bienes del Estado. Arauz calificó la actuación del presidente Noboa como «punible» por las consecuencias que esta venta ha tenido sobre la economía nacional y las reservas oficiales.
La denuncia de Arauz pone en evidencia un posible caso de fraude y abuso de poder en el manejo de los recursos del Estado por parte del gobierno de Daniel Noboa.
