Instalada la audiencia de apelación en el caso de los menores desaparecidos
Este 19 de febrero, luego de tres intentos fallidos, finalmente se llevó a cabo la audiencia de apelación sobre la prisión preventiva de 16 militares acusados de estar involucrados en la desaparición forzada de los menores de Las Malvinas. La diligencia se desarrolló en la sala 102, con la presencia del juez a cargo, mientras las demás partes involucradas se conectaron de manera virtual.
El controvertido video presentado por la defensa
Horas antes de la audiencia, el abogado Jesús López, parte de la defensa de los militares, presentó un video que supuestamente muestra los minutos previos a la aprehensión de los menores el 8 de diciembre de 2024. Según López, las imágenes demostrarían que los chicos fueron detenidos en flagrancia al intentar agredir a un transeúnte. El video, que dura solo unos segundos, muestra a dos de los menores escondiéndose debajo de un puente, luego saliendo y persiguiendo a alguien, para finalmente ser subidos a una camioneta por los militares.
López cuestionó: «¿Será que estos menores estuvieron debajo del puente jugando fútbol durante diez minutos, hasta la llegada de los militares? Yo no lo creo», tratando de justificar la detención. Sin embargo, este video ha sido objeto de fuertes críticas por no demostrar el cometimiento de ningún delito.
Rechazo ante la manipulación del video
Fernando Bastías, del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, rechazó el uso del video como evidencia para difamar la memoria de los menores. Bastías afirmó que el video no demuestra ningún delito y subrayó la falta de documentación oficial que certifique que los menores fueron detenidos en flagrancia. «No existe ninguna bitácora ni testimonio que indique que estos niños cometieron un delito. Fueron 11 niños perseguidos por militares, y cuatro de ellos fueron detenidos ilegalmente», aseguró.
El defensor también destacó que, aunque los militares hayan afirmado que los liberaron, esto no los exime de responsabilidad. El procedimiento establecido para la detención en flagrancia exige que los menores sean puestos ante la autoridad competente y sus padres. Si esto no ocurre, se está ante un caso de desaparición forzada, un crimen grave con consecuencias legales de más de 20 años de prisión.
Reacciones en redes sociales: rechazo a la manipulación de los hechos
El video ha generado un fuerte rechazo en las redes sociales, donde analistas, defensores de derechos humanos y actores políticos se han manifestado en contra de la narrativa que se está intentando construir.
La excandidata a la vicepresidencia Cristina Reyes calificó como «infamia» la campaña de difamación contra los menores, preguntándose si se pretende justificar su asesinato y calcinación bajo el pretexto de un supuesto delito. Por su parte, la activista Sybel Martínez condenó el video, afirmando que no muestra ningún asalto y que solo busca sembrar odio.
El abogado Joffre Campaña fue tajante al rechazar cualquier justificación de la acción militar. “Ni policías ni militares tienen facultad para detener, torturar o matar a menores, mucho menos para justificarlo bajo el pretexto de un delito inexistente”, señaló en su cuenta de X.
Natalia Sierra, defensora de los derechos humanos, también denunció la manipulación del video, asegurando que no se distingue fecha, no se ve el cometimiento de un delito, ni se reconocen los rostros. Consideró que intentar justificar una desaparición y asesinato atroz es «miserable, inhumano y monstruoso».
La situación legal de los militares
Durante la audiencia, los abogados del Comité de Protección de Derechos Humanos, que representan a los familiares de las víctimas, se encontraban en sus oficinas acompañados de los mismos. En la actualidad, los militares involucrados siguen bajo prisión preventiva en la cárcel de Latacunga, acusados del presunto delito de desaparición forzada.
Este caso sigue evidenciando la lucha por justicia en un contexto donde la manipulación de pruebas y la impunidad siguen siendo una constante en los procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos.