La denuncia de un presunto perjuicio al Estado de 4 millones de dólares
El caso Petronoboa, relacionado con la empresa de combustibles de propiedad de Santiago Noboa, hermano del presidente de la República, ha generado dudas e irregularidades que ponen en tela de juicio la transparencia de las autoridades gubernamentales. Se investiga la posible existencia de un esquema de corrupción, tras la revelación de un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 4 millones de dólares. Este hecho ha alarmado a los asambleístas, quienes exigen una investigación profunda.
Un negocio en expansión desde la asunción de Daniel Noboa
Según el asambleísta Leonardo Berrezueta, en conjunto con su colega Leonardo Quiroz, se ha impulsado una investigación sobre un presunto delito de distribución ilegal de combustibles, que involucra directamente a la empresa Petronoboa.
La empresa, constituida solo 18 días después de la asunción de Daniel Noboa como presidente, comenzó a recibir beneficios poco claros. Desde diciembre de 2023, la empresa ha registrado una facturación de 9 millones de dólares, pese a que comenzó con un capital de solo 2 mil dólares.
«Es un negocio extremadamente rentable que ha crecido en el marco de este gobierno, con un aumento desproporcionado de su actividad comercial. Esto genera serias dudas sobre el origen y la transparencia de sus operaciones», expresó Berrezueta.
La renuncia de la gerente de Petroecuador: Un elemento crucial en la investigación
Una de las consecuencias más inmediatas del escándalo ha sido la renuncia de la gerente de Petroecuador, quien se vio presionada por el caso Petronoboa, especialmente por el involucramiento de funcionarios públicos que autorizaron operaciones a favor de esta empresa.
La gerente dimitió debido a su responsabilidad política frente al caso, ya que la comercialización de combustibles y la autorización de los cupos están directamente ligadas a esta empresa.
Sin embargo, también existe responsabilidad en la autorización de la anulación de 6,800 facturas por parte del SRI, el aumento de cupos y la aprobación casi inmediata por parte de la ARCH, en solo un día, para la comercialización de combustibles. Normalmente, este proceso dura entre 6 meses y un año. Según Berrezueta, las autoridades han hecho caso omiso de las solicitudes de comparecencia.
«Es evidente que hay responsabilidades políticas de alto nivel, incluyendo la de autoridades como el director de la ARCH, el director del SRI y el gerente de Petroecuador, quienes han permitido que este caso avance sin las debidas garantías de control», afirmó Berrezueta.
El rol de la Fiscalía: Justicia selectiva
La denuncia presentada por el excandidato presidencial, Pedro Granja, en la Fiscalía General del Estado sobre el caso Petronoboa no ha avanzado de la misma manera que otros casos similares, como el de Copedesa. En dicho caso, la Fiscalía no dudó en proceder con allanamientos y sanciones. Sin embargo, en este caso, la falta de acción ha sido evidente.
La intervención de la Fiscalía ha sido percibida como selectiva, enfocándose en los opositores del gobierno, mientras que el caso que involucra al hermano del presidente sigue sin resolverse.
«En el caso de Copedesa, la Fiscalía actuó de inmediato, mientras que en este caso se ignoran las denuncias y se sigue mirando para otro lado. Esto es una muestra clara de cómo la justicia en este país funciona de manera desigual», añadió.
La investigación en la Asamblea Nacional
Este proceso también ha tenido trabas dentro del órgano legislativo. Ya existen voces que afirman que este caso no debió haberse tratado en la Comisión de Justicia, sino en la Comisión de Seguridad. Sin embargo, Berrezueta, vicepresidente de esta comisión, señala que hace 8 meses se está investigando el caso COPEDESA, pero cuando se pone en el orden del día la aprobación del informe sobre este caso, la sesión se suspende.
«La presidenta de la comisión, Inés Alarcón, del movimiento oficialista, ha suspendido 5 veces las sesiones para tratar este tema, porque no tienen los votos necesarios para su aprobación. Ellos saben que ese informe es una vergüenza», enfatizó el asambleísta.
Berrezueta también afirmó que existe un tema dirigido hacia el alcalde de Guayaquil, opositor al gobierno. Sin embargo, cuando se ventila un caso con pruebas documentales de los supuestos delitos, y que involucra a un familiar del presidente, nadie dice nada. «Solo quieren cerrar el informe y evitar que se trate en la Comisión de Justicia para dejar de investigarlo», indicó.
La derogación del decreto de ética: Un permiso para la corrupción
Otro hecho cuestionable en este contexto es la derogación del decreto de normas de ética que había sido establecido durante el gobierno de Guillermo Lasso. Este decreto prohibía que familiares cercanos al presidente o ministros de Estado pudieran tener negocios vinculados con el Estado.
Con la derogación de este decreto por parte de Daniel Noboa, el hermano del presidente pudo beneficiarse de condiciones inusuales para el desarrollo de su empresa.
«El presidente Noboa dio vía libre para que su hermano tuviera un negocio de este tipo, aprovechándose de su posición de poder. Esto es un claro caso de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y corrupción», denunció Berrezueta.
Irregularidades en las operaciones de Petronoboa
Petronoboa, cuyo único objeto social es la venta de combustibles, comenzó sus operaciones con la compra de una comercializadora llamada «Servi Oil». Lo sorprendente es que este proceso de compra se aprobó en un solo día, cuando normalmente estos trámites tardan entre seis meses y un año. Esta irregularidad genera una primera sospecha de tráfico de influencias.
Además, se descubrió que, aunque Petronoboa tenía un cupo de compra de 90 mil galones de diésel premium, las ventas registradas superaron los 3’700.000 galones. Esto indica un desvío de combustible subsidiado, lo que estaría generando un perjuicio al Estado de 4 millones de dólares.
«Es inadmisible que una empresa con un cupo de 90 mil galones haya podido vender una cantidad tan elevada de diésel. Esto es un claro indicio de desvío y fraude, que debe ser investigado a fondo», afirmó Berrezueta.
La anulación de facturas: Un hecho sospechoso
Otra irregularidad relevante es la anulación de 6,800 facturas solicitada por Xavier Llerena, representante legal de varias empresas del Grupo Noboa. Estas facturas, que fueron anuladas por el SRI, no tienen una justificación clara, lo que genera aún más dudas sobre la legalidad de las transacciones realizadas por Petronoboa.
«El SRI debe explicar por qué se anularon estas facturas. No es común que se anulen tantas facturas sin una razón clara, y esto podría ser una maniobra para ocultar operaciones ilegales», señaló Berrezueta.
La responsabilidad de las autoridades
Los asambleístas Berrezueta y Quiroz han solicitado a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional que abra un proceso de fiscalización para obtener respuestas de las autoridades implicadas, como la ARCH, el SRI y Petroecuador. También han solicitado a la Fiscalía General que avance en la investigación y no permita que este caso quede impune.
«Este caso no puede quedar en la impunidad. Exigimos que se investigue a fondo, que se identifiquen a los responsables y que se castigue a aquellos que han permitido que el hermano del presidente se beneficie de este negocio ilícito», concluyó Berrezueta.
