Los abogados de los nueve imputados en el caso de la reconstrucción de Manabí defienden que no hubo daño al Estado. Afirman que los principales acusados, Jorge Glas y Carlos Bernal, no tenían responsabilidades directas en la firma de contratos ni en la adjudicación de obras. Por lo tanto, no pueden ser responsables del desvío ilegal de fondos.
INTERPOL y la eliminación de la Notificación Roja
La INTERPOL eliminó la Notificación Roja contra Carlos Bernal, solicitada por Ecuador. El organismo internacional criticó el abuso del sistema judicial y de mecanismos internacionales por parte del país. Esta decisión refleja las tensiones entre Ecuador y las organizaciones internacionales.
La acusación de la Fiscalía
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, presentó los cargos contra los imputados. Según la Fiscalía, tras la aprobación de la Ley de Solidaridad, el Comité para la Reconstrucción priorizó 584 proyectos. De estos, 30 fueron considerados para el caso de peculado. Las obras fueron ejecutadas por entidades como Ecuador Estratégico, Secob, Inmobiliar, el Ministerio de Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Vivienda (Miduvi).
La Fiscalía sostiene que Carlos Bernal solicitó ilegalmente fondos para 11 proyectos priorizados, por un total de 225,4 millones de dólares.
Defensa: alegatos para demostrar la manipulación judicial
La abogada Sonia Vera, defensora de Carlos Bernal, criticó el proceso, calificándolo de “show judicial” y denunciando acusaciones sin pruebas concretas, testigos manipulados y un proceso montado para condenar a los imputados antes de ser juzgados.
Vera sostiene que no existió peculado, ya que todo el dinero destinado a la reconstrucción fue auditado y aprobado por organismos internacionales. Además, la remoción de escombros fue financiada por el BID y se realizó según las normas técnicas establecidas.
Rafael Correa: No existe evidencia de irregularidades
En la misma línea, el expresidente Rafael Correa se manifestó en redes sociales, afirmando que no hay evidencia de irregularidades en el expediente ni en los exámenes realizados por la Contraloría. Resaltó que la remoción de escombros fue pagada por hora-máquina, tal como lo estipulan las Normas Técnicas del MTOP. Además, criticó que los peritos de la Contraloría indicaran que esta remoción debía ser presupuestada y cancelada por metro cúbico.
Correa también defendió la gestión del proceso de reconstrucción, recordando que, tras el terremoto de 2016, hubo miles de réplicas y que el trabajo debía realizarse con rapidez para evitar más víctimas y epidemias. Según él, todo fue supervisado y el BID felicitó la ejecución de las obras.
El financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El terremoto de 2016 en Ecuador, con una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter, dejó un saldo de 670 muertos y más de 6.200 heridos. A pesar de la tragedia, la respuesta internacional fue notable. El BID otorgó a Ecuador un crédito de 300 millones de dólares para financiar la reconstrucción, que incluyó la remoción de 7,26 millones de metros cúbicos de escombros, la construcción de unidades educativas provisionales y la creación de albergues para más de 12.000 personas sin hogar.
En una entrevista realizada a la jefa del proyecto de facilidad de respuesta inmediata del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Viviana Alva, por la agencia Anadolu, un año después de la tragedia, la representante señaló que el trabajo de recuperación del sismo que se vivió en Ecuador el 16 de abril de 2016 “es hoy una historia de éxito para la región”
SENPLADES y la evaluación de costos
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) también realizó una evaluación de los costos de la reconstrucción inmediatamente después del sismo, con la colaboración de organismos internacionales como CEPAL, ACNUR y el BID. Esta evaluación consideró sectores como infraestructura, medio ambiente, gestión de riesgos y atención a emergencias.
Los costos estimados en todas estas áreas ascendían a 3343,8 MM USD, de los cuales 2252,3 millones (67 %) provendrían del sector público y 1091,5 millones (33 %) del sector privado.
Proyectos prioritarios: ¿Una prioridad ilegal?
El fiscal Toainga alegó que varios proyectos priorizados fueron “ilegalmente” considerados urgentes bajo la Ley de Solidaridad. Entre ellos se incluyen el Parque Las Vegas en Portoviejo, la vía Manta-Colisa, y proyectos de demolición y remoción de escombros.
Sin embargo, las obras son visibles y el presupuesto ha sido auditado, tanto nacional como internacionalmente. Las acusaciones de corrupción y desvío de fondos parecen ser solo argumentos para “manipular y acusar” a funcionarios del gobierno de Correa.
