Washington Andrade, abogado de la jueza Nubia Vera, denunció en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que varios portales, periodistas y troll centers afines al gobierno informaron como un hecho la destitución de la jueza, «sin que se haya producido», y sin seguir el debido proceso. Andrade señaló que la destitución no es automática, pues la decisión tomada por el Tribunal Provincial de Pichincha puede ser apelada y aún existen recursos de ampliación y aclaración que deben agotarse.
El Tribunal Provincial de Pichincha declaró que Vera cometió una infracción gravísima, según el Código Orgánico de la Función Judicial, lo que en principio podría llevar a la destitución. Sin embargo, Andrade aclaró que esta decisión no implica una destitución inmediata, como informaron varios medios, ya que el proceso sigue en curso.
Andrade subrayó que el caso que originó la controversia está relacionado con un fallo emitido el 23 de diciembre de 2024 sobre la acción de protección solicitada por la vicepresidenta Verónica Abad. Según el abogado, Vera solo recibió la notificación 45 minutos antes de tomar la decisión, un hecho que actualmente está siendo investigado por la Fiscalía.
¿Será destituida?
La acusación de negligencia no conlleva la destitución automática de la jueza. Sin embargo, el Pleno del Consejo de la Judicatura evaluará la situación y decidirá si corresponde separarla del cargo.
Actualmente, los miembros del Consejo de la Judicatura están prorrogados en sus funciones, con Mario Godoy como presidente y Solanda Goyes, Yolanda Yupangui y Merck Benavides como vocales.
Retaliación de Mario Godoy, presidente de la Judicatura
Washington Andrade también acusó a Mario Godoy, presidente prorrogado del Consejo de la Judicatura, de actuar en represalia contra Vera. Según Andrade, el 13 de marzo de 2025, se impidió que Vera accediera a su sistema informático.
Aunque los jueces del Tribunal de Pichincha afirmaron que su declaración responde a una queja presentada por Bryan Andrade Pérez, procurador de la compañía COMWARE S.A., Andrade insistió en que este acto constituye una represalia y presión para beneficiar al candidato presidencial Daniel Noboa.
Recordó además que Noboa había exigido que se negara la acción de protección de la vicepresidenta Abad e hizo referencia a las declaraciones de la jueza Vera en la Asamblea Nacional.
Investigación sobre tráfico de influencias
Andrade solicitó a la Fiscal General, Diana Salazar, que amplíe la investigación por obstrucción a la justicia y tráfico de influencias, dada la gravedad de los hechos denunciados.
