La Fiscal General de la Nación está en un momento crítico por su falta de credibilidad y está en el centro de la controversia. En medio de una creciente desconfianza hacia las instituciones judiciales, el nombre de Salazar ha surgido en el contexto de polémicos procesos legales, en que sus decisiones han levantado dudas sobre su imparcialidad y su independencia.
Uno de los eventos más controversiales que ha sacudido a la Fiscalía de Ecuador es la filtración de comunicaciones privadas entre Salazar y el extinto político Fernando Villavicencio. Estos chats han puesto en evidencia relaciones y diálogos sobre temas de interés judicial, lo que alimenta la percepción de que Salazar ha manejado algunos casos de forma parcial o motivada por intereses ajenos a la justicia ecuatoriana.
Uno de ellos es el caso de la empresa Sinohydro, denominado en un principio «Ina Papers». Esta investigación, vinculada a presuntos actos de corrupción para la construcción de Coca Codo Sinclair, ha estado marcada por aplazamientos en las audiencias, la ausencia de avance en las acusaciones, la insustancialidad de las supuestas pruebas y decisiones que favorecen a figuras políticas influyentes dentro y fuera del caso, funcionando por momentos como cortina de humo para las administraciones en determinados momentos.
El reciente retiro de la prisión preventiva que pesaba sobre el ex mandatario Lenín Moreno ha sido interpretado por críticos como una muestra de indulgencia o favoritismo, agravando la percepción de que la justicia no actúa de manera imparcial.
Además de los casos de corrupción, la Fiscalía ha liderado investigaciones en áreas como el narcotráfico y el crimen organizado, donde nuevamente los cuestionamientos han estado a la orden del día, pues ciertos procedimientos judiciales muestran inconsistencias que afectan la efectividad y la veracidad del sistema judicial.
El hecho de que muchas de estas investigaciones terminen en procesos dilatados o con fallos que parecen ser a propósito, manejados desde tiempos políticos aumenta la creciente desconfianza en la Fiscalía y en las autoridades judiciales, así como para el Estado de Derecho.
Mientras tanto, el caso de Diana Salazar y sus decisiones controversiales se marca como un recordatorio de los peligros que enfrenta Ecuador si no se asegura de que su sistema judicial se mantenga al margen de influencias y conflictos de interés. La nación se encuentra ante una encrucijada que puede definir el rumbo de su democracia y el respeto hacia las instituciones que deben protegerla.
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