La concesión del Campo Sacha es una de las decisiones más controvertidas y perjudiciales para el Estado ecuatoriano. Varias investigaciones y análisis económicos demuestran que, con esta adjudicación, el país no solo pierde dinero, sino que regala recursos estratégicos a un consorcio extranjero.
Sacha en números: ¿realmente beneficioso para el país?
En 2024, el campo Sacha produjo alrededor de 77 mil barriles de petróleo diarios. A un costo de 70 dólares por barril, esto generó ingresos por 1.967 millones de dólares. Sin embargo, al restar los costos de producción, que ascienden a 196.7 millones, el ingreso neto para el país fue de 1.683 millones de dólares anuales.
La inversión comprometida por el consorcio
SINOPETROL, el consorcio al que se le adjudicó la concesión, ha prometido una inversión de 1.750 millones de dólares en 20 años. Esto equivale a apenas 87.5 millones de dólares al año. En comparación, Petroecuador ha invertido, de forma constante, 158.5 millones anuales en los últimos 10 años, logrando incrementar la producción de Sacha.
El impacto financiero: el Estado pierde millones
Al comparar el flujo de caja de Petroecuador sin la concesión (11.154 millones de dólares) con el flujo de caja del consorcio, que se estima en 7.191 millones de dólares, se evidencia que el Estado perdería 7.191 millones de dólares. Esta cifra coincide con el beneficio que obtendría el consorcio. Es decir, el negocio es tan desventajoso que no tiene justificación entregar Sacha a manos privadas.
Un negocio vinculado a intereses privados
El consorcio SINOPETROL está compuesto por empresas como Amodaimi Oil Company (subsidiaria de Sinopec, una petrolera china) y Petrolia Ecuador S.A. (filial de New Stratus Energy, una firma canadiense). Además, durante las investigaciones, se descubrió que varias de estas empresas comparten conexiones con el Grupo Noboa, una de las familias más poderosas del país. Isabel Noboa, tía del presidente Daniel Noboa, figura entre los accionistas de una de las empresas vinculadas al consorcio.
Arbitraje y compensación: un negocio turbio
New Stratus Energy está involucrada en una demanda millonaria contra Ecuador por 260 millones de dólares. Se ha sugerido que la concesión del campo Sacha es una forma de compensar a la empresa por esta disputa legal. Lo preocupante es que, al otorgar Sacha, el gobierno de Noboa podría estar favoreciendo a intereses privados y violando los resultados de la Consulta Popular en la que el pueblo rechazó los arbitrajes.
Reacciones y protestas
El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y otros actores sociales han solicitado que se suspenda el acuerdo de concesión y se revierta la decisión. El exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, ha calificado de «despropósito» entregar más del 80% de la producción de Sacha al consorcio, lo que podría incluso generar la necesidad de importar petróleo para abastecer las refinerías locales.
La Asamblea Nacional también ha rechazado la concesión, y la Comisión de Fiscalización sostiene que Petroecuador tiene la capacidad de continuar gestionando el campo Sacha de manera eficiente.
En las próximas semanas, SINOPETROL debe presentar la documentación necesaria para formalizar el contrato. Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado y está bajo escrutinio público y legal.
Este análisis refleja la magnitud de lo que está en juego: el futuro de un recurso estratégico del país en manos de un consorcio extranjero y vinculado a intereses privados, mientras el Estado ecuatoriano, los trabajadores y la población en general parecen salir perdiendo.
