Hallazgos en permisos ambientales y deforestación en Echo Olón
A pesar de la suspensión del proyecto inmobiliario Echo Olón, en Santa Elena, por parte de la constructora Vinazin S.A. —cuyo accionista principal es Lavinia Valbonesi, esposa del presidente—, la Contraloría General del Estado continuó con su examen especial y descubrió irregularidades en la entrega de permisos ambientales. Estos permisos fueron otorgados el 5 de diciembre de 2023, solo 13 días después de la posesión de Noboa como presidente de la República.
El organismo de control identificó que varios técnicos de la Dirección Zonal de Ambiente de Guayas omitieron incluir en el informe favorable de viabilidad ambiental el análisis de las funciones ecológicas de la vegetación arbórea existente en la zona de implantación.
Como consecuencia, no se autorizó la tala de árboles, pero la empresa ejecutó el desbroce de 21 árboles de 40 años, cruciales para la estabilidad del terreno y el ecosistema local.
Irregularidades en la reconformación del muro de agua
El segundo hallazgo apunta a la Dirección Zonal 5 Guayas del Ministerio del Ambiente, que emitió una autorización para la reconformación de un muro en un cuerpo de agua sin definir los límites en su crecida máxima. Este error comprometió la definición de la zona de protección hídrica del Estero Oloncito, afectando la sostenibilidad del ecosistema.
En ambos casos, la Contraloría recomendó una mayor coordinación entre comuneros y autoridades para mejorar el manejo de la zona y prevenir futuros conflictos sociales.
Afectación a área protegida y denuncia de ambientalistas
El 6 de mayo de 2024, los residentes de Olón alertaron sobre la construcción del proyecto inmobiliario, específicamente sobre trabajos de desazolve en 261 metros del Estero Oloncito, declarado área protegida en 2021.
Los representantes de la Fundación La Iguana cuestionaron la legalidad de los permisos otorgados para operar en esta zona protegida, lo que llevó a la Asamblea Nacional a solicitar la comparecencia de la ministra de Ambiente, Sade Fritschi. Además, la Fiscalía General abrió una investigación preliminar.
Suspensión del proyecto inmobiliario
El 11 de mayo de 2024, la constructora Vinazin S.A. suspendió oficialmente el proyecto inmobiliario mediante un comunicado, argumentando que el mismo estaba siendo utilizado con fines políticos. La empresa defendió el proyecto, asegurando que su objetivo era generar empleo y promover el desarrollo turístico en la zona de Olón.
A pesar de la aclaración del gobierno de que el proyecto no violaba ninguna ley, las críticas de grupos ambientalistas y políticos persistieron, cuestionando la entrega de permisos ambientales y la legalidad de los trabajos realizados.
