La persecución política: una estrategia del poder
Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ofreció una entrevista telemática a la periodista Alina Manríquez de Noticias dEcuador. En ella, Verduga denunció ser víctima de una persecución política orquestada por la Fiscalía, que, según él, se activa siempre en momentos electorales. En 2023 la Fiscalía le inventó una acusación de financiamiento ilícito por parte del ELN a la campaña de Andrés Arauz y en la campaña de Luisa González intentó vincular el asesinato de Fernando Villavicencio a la Revolución Ciudadana.
El allanamiento ilegal y arbitrario
Verduga relata que, entre la última semana de enero y la segunda semana de febrero de 2025, tenía programadas sus vacaciones, pero en medio de este período sufrió un allanamiento ilegal y arbitrario en su oficina. El suceso fue presenciado por Ecuavisa y la fiscal delegada Mayra Soria, quien confiscó su teléfono móvil sin mostrar una orden judicial válida. «Nunca me la mostraron. Fue un proceso kafkiano», afirmó. Además, explicó que estuvo 25 minutos retenido sin saber los cargos que se le imputaban.
Violación del debido proceso
El exconsejero expresó que la Fiscalía no cumplió con los procedimientos establecidos por el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según Verduga, cada impulso fiscal debería notificarse con 72 horas de antelación, pero en su caso se decidió la extracción de información de sus dispositivos móviles sin seguir el debido proceso, y sin la presencia de su abogado defensor.
La acusación sin fundamento
Verduga negó ser un prófugo de la justicia, como sugieren algunos medios, y aclaró que no enfrenta ningún proceso penal en su contra. Sin embargo, reconoció que la Fiscalía ha comenzado a abrir investigaciones arbitrarias en su contra desde que cuestionó a la fiscal Salazar sobre su tesis. “La fiscal te llena de casos para perseguirte”, expresó.
El conflicto por la Superintendencia de Bancos
Verduga también relacionó la persecución con el nombramiento de Roberto Romero Von Buchwald como Superintendente de Bancos. Según él, la denuncia de Romero contra Raúl González Carrión, un funcionario designado por el CPCCS, fue clave para que la Fiscalía actuara de manera arbitraria. Verduga, al ratificar a González en su cargo, cumplió con una sentencia de la Corte Constitucional que declaraba la remoción de González como ilegal.
La manipulación de la Fiscalía
Verduga acusó a la Fiscalía de utilizar el caso de la Superintendencia de Bancos como excusa para sembrar pruebas en su contra. Según él, la investigación sobre la ratificación de González no requiere una intervención tan invasiva, como la confiscación de sus dispositivos personales. “La Fiscalía utiliza este caso ridículo para extorsionarme”, manifestó.
Conexión con el asesinato de Jimmy Ruiz
Verduga también abordó la relación entre la persecución que enfrenta y el asesinato de su asesor y amigo, Jimmy Ruiz. Aseguró que el atentado en el que perdió a Ruiz fue dirigido contra él, pero lamentó que algunos periodistas intentaran forzar una conexión con los otros casos. “Es la cuestión más miserable que me ha tocado enfrentar”, afirmó, señalando que la investigación por el asesinato aún no ha avanzado.
El lavado de dinero y la banca privada
Finalmente, Verduga señaló que la persecución tiene un vínculo con su enfrentamiento con la banca privada. Según él, el gobierno de Daniel Noboa y el actual Superintendente de Bancos están involucrados en la protección de intereses bancarios. Verduga acusó al sector bancario de ser cómplice en el lavado de dinero en el sistema financiero ecuatoriano, y mencionó que el gobierno utilizó a la Fiscalía para intentar recuperar apoyo político a través de la persecución de opositores.
Un gobierno debilitado
Para Verduga, la persecución política que enfrenta es parte de una estrategia del gobierno para desviar la atención de su fracaso en temas de seguridad y economía. «Necesitan un golpe de efecto para cambiar la tendencia», dijo, refiriéndose a un gobierno debilitado con altos índices de violencia y un plan de seguridad fallido. Según él, el gobierno de Noboa, junto con la Fiscalía de Diana Salazar, busca atacar a los opositores para fortalecer su posición política.
