Este sábado 5 de abril, en medio del contexto electoral, se presentó una denuncia contra la candidata presidencial Luisa González por presunta violencia política de género. Manuel Peñafiel, adherente del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Junto a la denuncia, aportó cuatro videos que respaldan su acusación de infracción electoral grave.
Denuncia por infracción electoral grave
Peñafiel afirma que la infracción ocurrió durante el debate presidencial del 23 de marzo de 2025, cuando Luisa González vinculó a María Moreno Heredia, directora de ADN, con el tráfico de drogas. El TCE dio a Peñafiel dos días para aclarar y completar los requisitos establecidos en el Código de la Democracia.
La denuncia contra María Beatriz Moreno
Durante el debate, González presentó pruebas de una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra María Beatriz Moreno Heredia, presidenta de ADN y socia de Daniel Noboa, por presunto narcotráfico. La investigación estaba en manos de la Fiscalía de Guayas desde agosto de 2024. La denuncia involucraba a cinco personas, todos empresarios, y uno de ellos enfrentaba un juicio por narcotráfico desde 2022.
El 28 de marzo de 2025, Daniel Noboa informó que la Fiscalía no formularía cargos contra Moreno, debido a la falta de pruebas. Como resultado, la investigación fue archivada, al igual que la de otros tres miembros del gobierno.
Procesos judiciales de Moreno
María Beatriz Moreno enfrenta 18 procesos judiciales, uno de ellos archivado. Este caso está relacionado con una acusación de tráfico de influencias en un proyecto inmobiliario en Olón, Santa Elena, donde se sospechaba que se obtuvieron informes irregulares para aprobar un registro ambiental.
El denunciante: Manuel Peñafiel y sus vínculos
El abogado Sebastián Barreiro reveló en su cuenta de X que Manuel Peñafiel, el denunciante, está vinculado al gobierno. Peñafiel actuó como Coordinador de Veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y usó una hoja membretada de la institución para intervenir en el juicio de Barreiro. Este último denunció que Peñafiel retrasó su liberación, con el fin de evitar que denunciara las condiciones en La Roca.
Barreiro también aseguró que Peñafiel, como presidente de la Corte de Justicia Indígena, inició un proceso judicial sin justificación contra la vicepresidenta Verónica Abad. Además, señaló que Peñafiel está encargado de abrir sedes del partido oficialista en Guayas.
Sanciones para infracciones electorales muy graves
Según el Código de la Democracia, las infracciones electorales muy graves son sancionadas con una multa de entre 21 y 70 salarios básicos unificados (USD 9.870 a USD 32.900). Además, pueden conllevar la destitución y/o suspensión de los derechos políticos por un periodo de dos a cuatro años.
Finalmente este nuevo episodio revela cómo, en plena campaña electoral, las maniobras de persecución política se intensifican para desacreditar y desestabilizar a quienes representan una amenaza para el poder vigente.
La denuncia contra Luisa González no es un caso aislado. Refleja un patrón de ataques dirigidos a socavar la credibilidad de la oposición y asegurar la continuidad de un régimen que prefiere la confrontación a la competencia legítima.
Es crucial que la transparencia, la justicia y la equidad prevalezcan en el proceso electoral.
