A tan solo una semana de las elecciones presidenciales, donde el candidato-presidente Daniel Noboa busca la reelección, la falta de resultados del plan de seguridad, cuyo alcance aún se desconoce, y los más de 2,000 homicidios violentos en 2025, cifra superior a la de 2023 —el año más violento de la historia reciente de Ecuador—, ha desatado la polémica aparición de Erik Prince, fundador de la empresa Blackwater, junto con un bloque de seguridad privado.
La «asesoría» cuestionada de Erik Prince
Erik Prince, acompañado del Ministro del Interior, Defensa, y alrededor de 500 policías y militares, afirmó en territorio ecuatoriano que su presencia permitiría «proporcionar al Gobierno las herramientas y tácticas necesarias para combatir eficazmente a las bandas de narcos, obtener gran inteligencia en las operaciones y poner a los narcotraficantes a correr, haciendo que tengan verdadero miedo de ser atrapados», según el comunicado del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, esta intervención ha sido fuertemente criticada a nivel nacional e internacional. Además de la falta de claridad sobre el costo y el alcance de la «asesoría», se cuestiona la legalidad de la intervención de un extranjero en los asuntos internos de Ecuador, lo que violaría la ley del país.
Denuncias y cuestionamientos sobre la intervención de un «mercenario»
La presencia de Prince ha levantado fuertes críticas, no solo por ser una figura controversial, sino también por sus implicaciones políticas. En una entrevista concedida a un medio de comunicación de Guayaquil, alineado con el gobierno, Prince aprovechó para denigrar y acusar sin pruebas a la candidata Luisa González.
Este tipo de declaraciones, en plena campaña electoral, han sido consideradas como una violación de las normas sobre injerencia extranjera en la política ecuatoriana. De acuerdo con el Art. 49 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, «Las personas visitantes temporales en Ecuador no podrán inmiscuirse en asuntos de política interna del Ecuador». Además, el economista Juan Pablo Jaramillo ha señalado que la promoción política a través de cuentas oficiales del gobierno, en un período electoral, está prohibida por la ley.
Un pasado oscuro: Blackwater y sus implicaciones
Erik Prince y su empresa Blackwater están vinculados a uno de los episodios más oscuros de la seguridad privada internacional: la matanza de 17 civiles iraquíes en la plaza Nisour de Bagdad, mientras varios empleados de la empresa escoltaban a diplomáticos.
Este hecho desató una condena internacional, pero no borró el pasado polémico de Prince ni de su compañía. France 24 recordó que el gobierno de Ecuador mantiene hermetismo sobre el convenio firmado con Prince, sus costos y su alcance, lo que alimenta las dudas sobre la legalidad y la moralidad de este acuerdo.
La posible violación de la ley y la soberanía ecuatoriana
El constitucionalista David Norero ha señalado que la presencia de Prince en Ecuador podría estar infringiendo varias leyes nacionales, como el Art. 49 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por posible peculado, entre otros. Además, ha resaltado que el hecho de que Prince se encuentre en Ecuador con visa de turista, sin la autorización legal para participar en actividades políticas ni de seguridad, constituye una infracción migratoria grave.
Violencia política de género y silencio del CNE
Norero también ha señalado que las declaraciones de Prince, al ser dirigidas hacia una mujer en un contexto electoral, podrían constituir violencia política de género, lo que está prohibido por el Código de la Democracia. A pesar de ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún guarda silencio sobre el tema, mientras dos ministros de Estado fueron testigos de las declaraciones sin ofrecer una reacción pública.
Una amenaza para la seguridad y la integridad jurídica
La presencia de Erik Prince en Ecuador también pone en peligro la estabilidad jurídica y la soberanía del país. Según Norero, los crímenes cometidos por Blackwater podrían ser considerados como crímenes de guerra, según el Estatuto de Roma, y la participación de Prince en actividades de seguridad podría violar la Convención Internacional contra el Reclutamiento de Mercenarios (1989).
Además, el Art. 14 del COIP faculta al Estado ecuatoriano para juzgar crímenes internacionales cometidos fuera del país, si el autor se encuentra en territorio nacional. De acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales prevalecen sobre las leyes internas y deben ser aplicados directamente.
El futuro de la democracia y la soberanía de Ecuador en juego
Finalmente, el constitucionalista concluye: «¿Dónde está la Fiscalía General del Estado? ¿Dónde el Consejo Nacional Electoral? ¿Dónde la ética pública del poder ejecutivo? Cada día que pasa sin una orden de expulsión, detención o sanción fortalece la impunidad. Erik Prince no es asesor. Es una herramienta del poder para ensuciar el debate y militarizar la política con voz prestada.»
La presencia de Erik Prince en Ecuador no solo amenaza la soberanía del país, sino que pone en evidencia la falta de transparencia y de respeto por las leyes nacionales en un contexto electoral clave.
