En Ecuador, el llamado “caso INA Papers”, rebautizado arbitrariamente como “caso Sinohydro”, ha sido desde su inicio una de las investigaciones más cuestionables para la justicia ecuatorianaHa estado plagado de cuestionamientos técnicos y jurídicos. La defensa de los acusados ha sostenido que la investigación adolece de vicios insubsanables. El argumento central es que, conforme a la Constitución, la Fiscalía debía solicitar autorización previa de la Asamblea Nacional para poder procesar penalmente a un exmandatario. Además, se ha alegado falta de notificaciones debidamente ejecutadas, especialmente para los implicados extranjeros, y otras irregularidades en el trámite que afectarían el derecho a la defensa. Para la defensa, estos errores eran suficientes para declarar la nulidad total del proceso.
El conjuez Olavo Hernández de la Corte Nacional, no obstante, declaró recientemente que no existían vicios de tal magnitud y ratificó la validez procesal del caso. Esta decisión ha provocado un intenso debate sobre la independencia judicial, especialmente después de que la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, en una rueda de prensa, expresara de forma categórica que el proceso debía continuar y que no debía declararse la nulidad. Sus declaraciones evidentemente son interpretadas como una señal de presión política directa sobre la función judicial, pues ven en estas intervenciones una intromisión del Ejecutivo en una decisión que debería ser exclusivamente jurisdiccional.
El problema de fondo es que el delito de cohecho, tal como lo describe el Código Orgánico Integral Penal, exige que exista manejo de recursos públicos o un acto administrativo a cambio del pago indebido. Sin embargo, no se ha probado que dinero estatal haya sido comprometido en ninguna etapa de la investigación sin una conexión clara con actos de corrupción que perjudiquen directamente al erario, Eduardo Carmigniani uno de los procesados menciona “La Fiscalía no se ha atrevido a decir -menos probar- a qué funcionarios soborné o con cuánto, o cómo, o para qué”. Este es un elemento crucial que podría debilitar la acusación y, para algunos juristas, hacerla insostenible en juicio.
A esto se suma el hecho de que el caso se ha convertido en un símbolo de polarización política. Para el Gobierno, dejar que el proceso “se caiga por formalismos” sería “una señal negativa” para la ciudadanía. Para la oposición, en cambio, mantenerlo a toda costa, incluso forzando su validez procesal, es una muestra de que en Ecuador las garantías constitucionales pueden ser dejadas de lado por conveniencia política.
El trasfondo es preocupante: la independencia judicial es uno de los ejes de la democracia y su vulneración real o percibida socava la confianza en el sistema. Cuando voceros del Ejecutivo “recomiendan” o “exigen” públicamente decisiones judiciales, incluso sin emitir órdenes formales, se envía un mensaje que puede condicionar a jueces y fiscales, o al menos generar en la opinión pública la percepción de que sus fallos responden a directrices políticas. En este sentido, el caso Sinohydro se ha convertido en un examen de la madurez institucional del Ecuador y con el paso se demuestra lo mucho que le falta al país.
Por ahora, el proceso continúa su curso hacia la fase de juicio, con la Fiscalía empeñada en demostrar la existencia del cohecho y la defensa preparando nuevas estrategias para desestimar las pruebas. Pero la polémica está lejos de cerrarse: el desenlace final no solo determinará la responsabilidad penal de los acusados, sino que sentará un precedente sobre cómo se manejan los casos de corrupción de alto perfil en el país y hasta qué punto la justicia puede resistir las presiones del poder político.
FIN
