La resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), aprobada la noche del 13 de marzo con 3 votos a favor y una abstención, ha generado un fuerte rechazo entre diversos sectores de la sociedad. Esta disposición prohíbe el uso de dispositivos eléctricos y electrónicos durante la jornada electoral de la segunda vuelta del 13 de abril, un cambio que ha sido calificado de absurdo y antidemocrático por juristas, académicos, políticos y comunicadores.
Violación al Código de la Democracia
El artículo 7 del Código de la Democracia establece claramente que no pueden realizarse reformas legales en materia electoral durante el proceso de elecciones. Las reformas solo pueden realizarse hasta un año antes de las elecciones, lo que evidencia que la resolución emitida por el CNE está violando la norma.
Además, el expresidente Rafael Correa ha recordado que el voto secreto es un derecho, no una obligación. Es decir no se puede prohibir a los ciudadanos fotografiar su voto o utilizar la imagen para señalar anomalías en el proceso electoral. El voto debe ser libre y transparente, y los ciudadanos deben poder ejercer su derecho sin restricciones injustificadas.
La resolución del CNE: prohibición y multa desproporcionada
La medida adoptada por el CNE prohíbe a los votantes usar celulares al momento de ejercer su derecho al voto, una decisión que ha sido respaldada por la presidenta Diana Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y el consejero José Cabrera. La resolución, basada en un informe jurídico de la entidad, también afecta a los miembros de las juntas receptoras del voto, quienes no podrán usar dispositivos electrónicos a partir de las 17:00 horas, cuando se cierren las urnas, salvo para realizar las operaciones matemáticas de las actas de escrutinio.
Una de las mayores críticas a esta resolución es la desproporción de la multa que podría oscilar entre 9,870 y 32,900 dólares, además de la pérdida de los derechos políticos. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha explicado que el procedimiento de sanción seguirá el mismo proceso que cualquier infracción electoral. Sin embargo, esta medida ha levantado dudas sobre la constitucionalidad de la resolución.
¿Manipulación electoral?
El politólogo David Chávez señala que la resolución refleja la falta de independencia de las instituciones y denuncia que el CNE podría estar actuando bajo presión para favorecer al candidato presidencial Daniel Noboa. En una línea similar, la exasambleísta Cristina Reyes ha cuestionado la veracidad de los informes utilizados para justificar la prohibición, sugiriendo que se están inventando problemas para distraer a la población mientras se implementan «trampas» en las elecciones.
El descontento ciudadano y la llamada a la resistencia
Juristas, académicos y ciudadanos han hecho un llamado a la resistencia, instando a los votantes a acudir a las urnas con sus celulares. La ciudadanía está decidida a tomar fotos de sus votos y registrar cualquier anomalía que pueda surgir. El jurista Fernando Bastía ha expresado que no existe ninguna norma que impida el ejercicio de la libertad de expresión durante una elección, por lo que considera que la resolución carece de validez.
Multa Injusta: ¿más grave que portar un arma?
El constitucionalista André Benavides ha criticado la desproporción de la multa, comparándola con la sanción por portar un arma. Mientras que la violación de ciertos artículos del Código de la Democracia puede implicar sanciones menores, la multa por el uso del celular al votar se considera excesiva e injustificada.
Comparación Injusta: ¿multa por fraude electoral?
El abogado Pedro Cornejo cuestiona el mecanismo de verificación de la infracción. ¿Cómo se van a monitorear y sancionar los casos de incumplimiento? Por su parte, el comunicador Andersson Boscán ha comparado la multa de hasta 32,900 dólares por tomar una foto del voto con la multa de 5,200 dólares impuesta a Mayra Salazar por estar vinculada a una estructura de narcotráfico.
Acción de Inconstitucionalidad
Ante la controversia generada, el jurista Washington Andrade ha anunciado que llevará la resolución del CNE a la Corte Constitucional para presentar una acción de inconstitucionalidad y solicitar la suspensión de la medida. Asegura que se debe evaluar qué tan legal es esta disposición y si se está respetando el marco constitucional.
