Quito, 21 de mayo de 2025 — La sorpresiva renuncia de Diana Salazar al cargo de Fiscal General del Estado ha desatado una fuerte oleada de críticas desde distintos sectores jurídicos, políticos y periodísticos. Para muchos analistas, su salida no representa un acto de desprendimiento institucional, sino el final de una gestión marcada por el uso político del poder penal, persecución selectiva y una profunda desinstitucionalización del sistema de justicia ecuatoriano.
Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, fue enfático: “Salazar utilizó a la Fiscalía como instrumento de persecución política. Fue selectiva en los casos, no hay ni un solo sentenciado por narcotráfico, lavado de activos o contrabando. Se dedicó al show mediático y arrasó con la institucionalidad jurídica”.
El abogado Lenin Sarzosa se refirió al trasfondo político de su nombramiento. “Su verdadera designación no ocurrió en el Consejo de Participación, sino en una oficina en Quito, por ‘gestión’ de un grupo anticorrupción con la misión de impedir el retorno de Rafael Correa. Cumplió esa misión, persiguió al correísmo y a los movimientos sociales mientras garantizaba impunidad a los gobiernos de turno: Moreno, Lasso y Noboa”.
Para la periodista Mónica Velásquez, “Salazar filtró información reservada, violó el debido proceso, persiguió a periodistas incómodos, protegió a narcotraficantes con vínculos políticos y manipuló causas para garantizar impunidad. Su paso debilitó el sistema y lo volvió funcional a intereses oscuros. No administró justicia: administró poder”.
El analista Jean Iñiguez sostuvo que “la historia será despiadada con quien institucionalizó el lawfare en Ecuador. Su gestión fue sinónimo de amedrentamiento, tráfico de información y sometimiento del sistema judicial. El país debe estar alerta para evitar que su sucesor sea otro títere”.
El abogado constitucionalista Alberto Montenegro fue más allá: “Salazar no fue fiscal general, fue fiscal funcional. Deja tras de sí un cementerio de garantías constitucionales y crímenes sin resolver. Se va como la actriz estelar del reality jurídico de la derecha, aplaudida por los mismos que la usaron para aplastar la justicia”.
Finalmente, la abogada Sonia Vera consideró que “su renuncia no es valentía, es una maniobra. Se va blindada por el poder, no por la justicia”.
Entre líneas, todas estas voces apuntan a que la salida de Diana Salazar no es el fin de una etapa, sino la evidencia de un aparato judicial utilizado como arma de poder. Las miradas ahora se centran en que el proceso de selección de su sucesor sea transparente y libre de interferencias.
FIN
