En la tragicomedia judicial ecuatoriana, el caso INA Papers que sufrió un lifting nominal por decisión arbitraria de la Fiscal y a la vez embajadora Diana Salazar: ahora se llama “Sinohydro”, aunque -detalle menor- la empresa china no está implicada. Es como bautizar un juicio por peculado “Apple” porque alguien usó un iPhone en la oficina. La Fiscalía General del Estado estuvo evidentemente más interesada en el marketing del escándalo que en la solidez jurídica del proceso.
El espejo español: cuando la intromisión cuesta cara
El domingo pasado, el diario Expreso recordaba la sentencia histórica en España contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, inhabilitado por filtrar información reservada. El episodio se volvió aún más jugoso porque el presidente Pedro Sánchez defendió públicamente la “inocencia” del fiscal, un gesto que fue leído como intromisión política en un proceso judicial.
En Ecuador ni así a la Fiscal en funciones se la haya nombrado embajadora en Argentina por cuota política y presentado credenciales, se ha visto una intromisión.
La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿qué tan grave es que altos funcionarios del Ejecutivo ecuatoriano opinen sobre un caso aún en curso como Sinohydro? Si en Madrid se considera un escándalo institucional, aquí parece parte del guion cotidiano.
Un proceso que se estira como chicle
El caso, abierto en 2019, ha sido dilatado hasta el cansancio. Ahora, el flamante fiscal subrogante (pero titular hasta que en seis meses se nombre el verdadero titular) Carlos Alarcón pide adelantar la audiencia prevista para el 8 de diciembre. ¿Coincidencia? La justicia, en este libreto, avanza o se congela según la temperatura política.
La figura de cohecho que no cuadra
Expertos como Xavier Zavala Egas, Roberto Gómez Mera y María Dolores (Lolo) Miño, citados en la nota de Expreso se refirieron al precedente en España. Y muchos expertos han señalado que la figura de cohecho simplemente no aplica.
Varios acusados han presentado certificaciones de que no eran funcionarios públicos en la época de los hechos. Algunos nunca lo han sido en toda su vida profesional.
Sin funcionarios, no hay cohecho. Pero la Fiscalía insiste en mantener la acusación “a capa y espada”, como si la terquedad pudiera suplir la falta de pruebas.
El inevitable protagonista: Lenin Moreno
En el fallo que presentará el juez en la audiencia preparatoria de juicio, todo apunta a que el ex presidente Lenín Moreno seguirá en el proceso en calidad de ex funcionario. Excluirlo sería admitir que el cohecho no aplica, y eso desmoronaría la narrativa construida durante seis años. La paradoja es que mantenerlo dentro no fortalece el caso, sino que lo expone aún más a la crítica de ser un proceso político antes que jurídico.
El juez a cargo de la audiencia, Olavo Hernández, debía presentar su fallo el 13 de noviembre último. Pero la audiencia se pospuso con el argumento de que “no había salas disponibles”. Una excusa tan irrisoria que parece sacada de un sketch de La Tremenda Corte. En un país donde se improvisan escenarios para conciertos en cuestión de días, resulta difícil creer que la justicia no pueda encontrar un salón.
Conclusión irónica pero seria
El caso “Sinohydro” es un ejemplo de cómo la justicia puede convertirse en teatro político:
- Se rebautiza un proceso con el nombre de una empresa extranjera que no forma parte del proceso.
- Se estira y dilata el proceso durante años sin pruebas sólidas.
- Se mantiene la figura de cohecho, aunque no existan funcionarios o ex funcionarios implicados.
- Se posponen audiencias con excusas logísticas dignas de comedia.
Mientras tanto, la pregunta que dejó la sentencia española sigue vigente: ¿qué tan grave es que el poder político meta la mano en procesos judiciales? En España, cuesta la carrera de un fiscal. En Ecuador, parece que apenas cuesta un cambio de nombre. Fin
