La Contraloría General del Estado ratificó una glosa de USD 11,6 millones contra 68 servidores públicos de 13 hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP), tras detectar irregularidades en la adquisición y manejo de medicamentos y dispositivos médicos destinados a pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. La resolución fue emitida el 21 de mayo de 2026 y se basa en un examen especial realizado en 2023 sobre contratos ejecutados entre 2018 y 2022.
El informe de auditoría determinó inconsistencias entre las cantidades de medicamentos entregadas a pacientes y los registros existentes en las bodegas generales y farmacias hospitalarias. Según la Contraloría, no existió un control adecuado sobre los ingresos y egresos de fármacos, ni se verificó correctamente su distribución, destino y uso, lo que habría generado un perjuicio económico superior a USD 11 millones para el Estado.
Entre las principales ilegalidades observadas consta la compra emergente de 100 unidades de Rituximab líquido parental sin cumplir las causales legales exigidas para este tipo de contratación. Además, el medicamento Trastuzumab, utilizado para tratamientos de cáncer de mama, fue entregado fuera de los plazos establecidos en el contrato, comprometiendo la continuidad de atención para pacientes oncológicos.
La auditoría también reveló que no se verificó el cumplimiento de especificaciones técnicas al momento de recibir los bienes, situación que impidió aplicar multas contractuales y permitió el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados. A esto se suma que, tras la terminación unilateral de uno de los contratos, no se registró al proveedor como contratista incumplido ante el SERCOP, tampoco se ejecutaron garantías de fiel cumplimiento ni se presentó una denuncia ante Fiscalía por la existencia de medicamentos adulterados.
