Ecuador enfrenta un dilema estructural donde millones de ecuatorianos trabajan, pero no viven con dignidad. La relación entre la pobreza, los salarios y el empleo revela un círculo vicioso que pone en entredicho la efectividad de las políticas económicas aplicadas, lo cual revela una estructura económica que precariza el trabajo y perpetúa la pobreza.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en diciembre de 2024, la pobreza y pobreza extrema por ingresos en Ecuador alcanzaron el 28% y 12,7%, respectivamente. Estos indicadores reflejan un crecimiento preocupante, puesto que más de un cuarto de la población ecuatoriana no cuenta con los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas, y uno de cada ocho ecuatorianos vive en condiciones de extrema vulnerabilidad.
En este contexto, el salario básico unificado para 2025 fue establecido en $470 dólares mensuales; sin embargo, el costo de la canasta básica familiar se ubicó en $800,60 para marzo del año en curso. Es decir, un ingreso mínimo cubre apenas el 58,7% de las necesidades esenciales de una familia promedio. Incluso el salario promedio aspirado por los ecuatorianos, que en marzo alcanzó los $847,00 dólares apenas supera ese umbral.
La brecha entre cifras macroeconómicas y condiciones de vida reales se agrava con los factores estructurales que limitan el desarrollo de empleos de calidad. La baja productividad en sectores clave, la escasa inversión en educación técnica y profesional, y la falta de acceso a crédito y financiamiento para emprendimientos locales son algunos de los obstáculos persistentes. Por lo tanto, el debate público debería ir más allá del monitoreo de la pobreza por ingresos e incorporar indicadores multidimensionales que evalúen la calidad de vida, el acceso a servicios públicos, la inclusión financiera, la seguridad laboral y las posibilidades reales de movilidad social.
De este modo, el Estado, el sector privado y la sociedad civil deben impulsar políticas activas que mejoren los ingresos reales, fomenten la formalización del trabajo, promuevan la equidad territorial y generen condiciones para que vivir con dignidad sea una realidad, y no un privilegio.
Por: Mgst. Viviana Torres Díaz – Coordinadora de la Escuela de Administración de Empresas Universidad Internacional del Ecuador, campus Loja.
