Ecuador, julio de 2025 — Los deepfakes, videos y audios manipulados mediante inteligencia artificial que simulan ser reales, se han convertido en una amenaza creciente en América Latina. Sin embargo, la región carece de marcos legales sólidos y de tecnologías suficientemente difundidas para enfrentar sus riesgos políticos, financieros y sociales.
Según datos de la plataforma Kapwing, Argentina lidera el interés en deepfakes en la región, seguido por Chile, Perú y Colombia. Pero la respuesta legal y técnica avanza mucho más despacio que la tecnología, según advierte el Dr. Francisco José Adán Castaño, docente de la Maestría Oficial en Derecho Digital y de la Ciberseguridad de la Universidad Internacional de Valencia – VIU.
«Los políticos son probablemente los más perjudicados. Videos falsos de candidatos diciendo cosas que nunca dijeron antes de elecciones… Es una pesadilla para la democracia», explica. En el sector empresarial también se han registrado fraudes millonarios utilizando deepfakes de voz para suplantar directivos.
Los marcos legales en la región siguen rezagados y, según el experto, “Internet no tiene fronteras. ¿Qué ley se aplica: la del país donde se crea, donde se publica o donde se visualiza el contenido?”. Además, la falta de capacitación técnica de policías y jueces complica aún más su aplicación.
Frente a esta amenaza, se desarrolla una carrera tecnológica: algoritmos de machine learning detectan patrones imperceptibles para el ojo humano, como distorsiones de luz o parpadeo irregular. También se explora la autenticación blockchain para garantizar la integridad de videos desde su creación.
Pero ninguna herramienta por sí sola basta. “Hace falta cooperación internacional, leyes aplicables, capacitación de autoridades, responsabilidad de plataformas digitales y más educación digital para la sociedad civil”, recalca el Dr. Adán Castaño.
En un entorno digital cada vez más complejo, América Latina se enfrenta al desafío urgente de reforzar sus capacidades legales y técnicas para que la desinformación no debilite la democracia ni afecte a la ciudadanía y la economía.
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