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Billy Navarrete denuncia abusos sistemáticos de las fuerzas militares en Ecuador

El director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Billy Navarrete, en una entrevista con el medio internacional Deutsche Welle, señaló que existen denuncias reiteradas de abusos por parte de las fuerzas militares en el combate a la delincuencia.

«Nosotros hemos venido protestando al respecto, desde el 9 de octubre, día en que el Gobierno Nacional decretó un conflicto armado interno», lo que abrió las puertas a la militarización de varias zonas del país.

El caso de los niños de Guayaquil, ocurrido el 8 de diciembre, es una nueva evidencia de las violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas. Actualmente, están judicializadas las violaciones ocurridas en las cárceles, pero también se han registrado en varias comunidades casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, afirma Navarrete.

El director ejecutivo del CDH expresó que los organismos de derechos humanos están muy preocupados por los casos que demuestran violaciones de procedimientos, especialmente militares, en esta lucha contra la delincuencia. Además, sostiene que estos abusos evidencian una falta de capacitación de las fuerzas del orden por parte del Gobierno Nacional.

Asimismo, destacó que en el ámbito judicial y en la sociedad ecuatoriana ya no se tolera la injerencia del Ejecutivo en las instituciones jurídicas y calificó como «impertinentes, insensibles e inoportunas» las declaraciones del Ministro de Defensa contra la jueza que señal, en este caso, la existencia de una desaparición forzada por parte de las Fuerzas Armadas.

«No existe ninguna duda que en este caso hay responsabilidad de agentes estatales en la detención arbritraria porque no se ha mostrado evidencia de los motivos por los cuales les privaron de la libertad a estos chicos y tampoco para el traslado, tortura y abandono en un lugar altamente peligroso», afirma.

El proceso judicial corre riesgo de invisibilizarse

Para Navarrete, la campaña electoral en la que el país está inmerso desde el 6 de enero representa un riesgo, ya que distrae a la población, y sobre todo a los medios de comunicación, que antes de esta campaña seguían de manera constante los avances del caso. «Tememos que, al dejar de visibilizarse, el caso se alargue».

Aclaró que actualmente el caso está en proceso de indagación previa, que ya se ha dictado prisión preventiva para los 16 militares involucrados, quienes han sido trasladados a una cárcel de la sierra para garantizar su seguridad. Se espera que, después de 30 días exista ya una resolución en firme como lo estipula la Ley.

Navarrete también criticó que el Gobierno Nacional no cuente con una política de Estado para combatir el crimen organizado, sino tan solo una medida de militarización que no soluciona el problema.

Aunque el candidato presidencial ha presentado en las últimas semanas los logros de su gobierno en materia de seguridad, «las bandas siguen sometiendo a comunidades empobrecidas, y el enfrentamiento entre ellas genera un alto índice de homicidios», subrayó.

Aseveró que lo único que ha evidenciado esta política de militarización es la penetración de estas estructuras criminales en los organismos de seguridad del Estado, lo que impide un combate efectivo tanto dentro de los centros carcelarios como en las comunidades del Ecuador.

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