En entrevista en Radio Pichincha, el jurista Carlos Poveda expresó su preocupación por la creciente incertidumbre que atraviesa Ecuador, señalando que el país enfrenta graves afectaciones a su institucionalidad que están poniendo en peligro la democracia y el Estado de Derecho.
A medida que se acercan las elecciones, Poveda advirtió que el clima de incertidumbre se intensifica y el ciudadano se encuentra desconcertado ante lo que podría deparar el futuro post electoral. Sin embargo, aseguró que lo único claro hasta el momento es la «vergonzosa» postura adoptada por los organismos de control electoral y jurídico.
Según el jurista, la omisión de instituciones clave como la Contraloría General del Estado y varios ministerios ante los actos del candidato presidente es alarmante. «Por ejemplo, la presencia del mercenario Erik Prince en territorio ecuatoriano, sin la debida intervención de las autoridades competentes, es una muestra clara de la falta de acción de las instituciones del país», afirmó Poveda. En este contexto, destacó la importancia de la transparencia en los procesos de contratación pública, exigiendo que los ciudadanos conozcan los pliegos, las referencias y los instrumentos utilizados para evitar el despilfarro de recursos públicos.
La falta de transparencia: una crisis institucional
Poveda subrayó que la opacidad en el manejo de los recursos públicos no solo es un problema estructural del gobierno, sino que también cuenta con la complicidad de ciertos periodistas políticos afines al presidente-candidato. Según él, la falta de transparencia se agrava por la actuación selectiva de la Fiscalía, que parece intervenir solo cuando conviene a los intereses del poder.
En su diagnóstico, el jurista alertó que los organismos encargados de garantizar la justicia y la imparcialidad han fallado en su misión, lo que ha dado paso a una evidente crisis institucional. «No hay restricción ni respuesta para ciertos candidatos, mientras que otros son perseguidos sin piedad», aseveró, evidenciando el colapso de la justicia electoral y constitucional en el país.
Cambios de última hora en los recintos electorales: un golpe a la seguridad jurídica
Una de las decisiones más criticadas por Poveda fue la reciente modificación, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), de los recintos electorales a tan solo días de las elecciones. Para el jurista, esta medida es inadmisible y solo contribuye a agravar la incertidumbre que ya enfrenta el pueblo ecuatoriano. «Este cambio a última hora genera inseguridad y podría afectar la legitimidad del proceso electoral», afirmó, recordando que en tiempos de pandemia las votaciones se realizaron sin problemas. Además, se mostró escéptico ante la afirmación del presidente-candidato de que cualquier «transición» dependería de la ausencia de fraude. «¿Cómo confiar en un sistema que parece manipulado desde adentro?», cuestionó.
Denuncias y posibles maniobras post-electorales
Al ser interrogado sobre la reciente denuncia presentada por una adherente del partido oficialista contra la candidata Luisa González ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Poveda manifestó su preocupación. «Si el resultado electoral favorece a González, ¿se utilizarán estas denuncias para invalidar su victoria y quitarle derechos políticos?», preguntó. Para el jurista, la falta de imparcialidad del TCE es alarmante, especialmente cuando se observa la posibilidad de una «muerte cruzada» en la Asamblea Nacional, lo que podría agravar aún más la gobernabilidad en Ecuador.
La justicia transicional: una necesidad urgente
Poveda no dudó en afirmar que Ecuador está al borde de una crisis política, señalando que el poder se está concentrando en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un fenómeno que recuerda a las décadas pasadas. «Esto nos muestra un retroceso en términos de democracia», afirmó. Según el jurista, la única solución viable es un proceso de justicia transicional que contemple un plan de pacificación y reinstalación de la institucionalidad. En este contexto, destacó la necesidad de un apoyo de la comunidad internacional, especialmente las Naciones Unidas, para garantizar la transparencia y la legitimidad de las elecciones y la posterior gobernabilidad del país.
La corrupción y la falta de contrapesos
Poveda denunció la evidente corrupción y falta de imparcialidad que atraviesa el sistema de justicia en Ecuador. «La Fiscalía y la Corte Constitucional parecen estar al servicio de intereses políticos», aseveró, señalando que la Fiscalía actúa de manera selectiva, persiguiendo a opositores del gobierno mientras deja pasar los casos de figuras cercanas al poder. «Lo más alarmante es la ausencia de jueces independientes que actúen como contrapeso a los abusos del poder ejecutivo», concluyó.
Unidad nacional: un avance, pero con desafíos
Sobre el reciente acuerdo de unidad firmado por diversos sectores de izquierda, Poveda consideró que, a pesar de las críticas, representa un avance significativo, especialmente tomando en cuenta las profundas divisiones internas del movimiento. Sin embargo, enfatizó que es esencial que el movimiento indígena mantenga su independencia y continúe ejerciendo un rol de contrapoder. El reto será no perder la esencia de solidaridad y colectividad que caracteriza a este sector.
Un futuro incierto para Ecuador luego del 13 de abril
El panorama electoral en Ecuador, según Poveda, es incierto y preocupante. La falta de transparencia, la manipulación de los organismos de control y la creciente inestabilidad institucional han dejado a los ciudadanos con una sensación de desconfianza. «Es urgente restaurar la justicia, la imparcialidad y el respeto por la voluntad del pueblo», concluyó. Para él, sin un proceso de justicia transicional y un sistema judicial independiente, el futuro de la democracia en Ecuador está en serio peligro.
