La historia del caso INA Paperes, desacertadamente rebautizado como “Sinohydro” se ha convertido en un espejo de las contradicciones y excesos de la justicia ecuatoriana.
De los 24 procesados, tres fueron sobreseídos por falta de pruebas, pero la Fiscalía ha decidido apelar, aferrándose a una narrativa que desde sus orígenes estuvo marcada por la improvisación y la presión política.
Un proceso que nació torcido
El expediente que hoy se conoce como “Sinohydro” tiene su raíz en el mediático caso INA Papers, bautizado así por las terminaciones de los nombres de las hijas del expresidente Lenín Moreno: Karina, Irina y Cristina. La investigación se presentó como un escándalo de corrupción internacional, pero con el paso del tiempo se reveló más como un montaje que como un proceso sólido.
La Fiscalía, en lugar de reconocer las carencias iniciales, ha preferido insistir en mantener vivo un caso que se desmorona. La apelación contra el sobreseimiento de dos procesados refleja más un intento de salvar la imagen institucional que de buscar justicia.
Los 21 inculpados y la sombra de la arbitrariedad
La cifra es contundente: 21 personas ya han sido arrastradas por un proceso plagado de inconsistencias en que justos pagan por pecadores en un entramado cuya narrativa confunde.
Testimonios contradictorios, pruebas endebles y un manejo mediático que buscó instalar culpabilidades antes de que existieran sentencias. La Fiscalía parece más interesada en cumplir objetivos políticos y reputacionales que en garantizar el debido proceso.
La metida de pata que se quiere ocultar
El fiscal a cargo actúa como si la apelación fuese un mecanismo para borrar la “metida de pata” inicial. Pero lo que se observa es un patrón de persecución: se inculpa a quienes nada tienen que ver, se ignoran las razones de la defensa y se insiste en sostener un caso que nació mal planteado.
Una justicia que se desgasta
Este caso, más que un caso judicial, se ha convertido en un símbolo del desgaste institucional. La insistencia de la Fiscalía en mantenerlo vivo, pese a las evidencias de su fragilidad, erosiona la confianza ciudadana en la justicia y proyecta la imagen de un sistema más preocupado por salvar reputaciones que por impartir verdad.
Este caso pone en tela de juicio la actuación de la Fiscalía y la capacidad del Estado para manejar procesos de alto perfil con rigor y transparencia. La apelación contra el sobreseimiento de dos procesados no es un gesto de justicia, sino un intento desesperado de sostener un relato que se derrumba. Fin
