Este viernes 31 de enero de 2025, en horas de la noche, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se reunió de manera virtual para tomar una decisión final sobre los recursos de apelación interpuestos por los consejeros destituidos Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga. Los cuatro habían apelado la sentencia de primera instancia emitida en septiembre de 2024, que los separó de sus puestos.
La acusación: una infracción electoral grave
Los cuatro consejeros fueron denunciados por Mónica Jaramillo, Santiago Becdach y otros actores políticos, quienes los acusaron de incurrir en una «infracción electoral muy grave» al haber recibido el auspicio de líderes del movimiento Revolución Ciudadana (RC) durante la campaña electoral pasada.
Esta infracción está sancionada con multa y destitución, y la denuncia giraba en torno a que los consejeros aceptaron este apoyo de un movimiento político, lo que según los denunciantes, está prohibido en la Ley.
Resolución del TCE: ratificación de la sentencia
El TCE ratificó la sentencia de destitución con el voto favorable de cuatro de los cinco jueces. La decisión fue tomada tras determinar que los consejeros realmente incurrieron en la infracción electoral al haber recibido el auspicio de RC.
Solo el juez Richard González votó en contra, y la sentencia ya no puede ser apelada. Esta decisión será notificada al Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral y otros organismos pertinentes.
Además de la destitución, cada uno de los consejeros deberá pagar una multa de 31.500 USD y perderá sus derechos políticos durante los próximos cuatro años.
La propuesta de sentencia fue planteada por el juez Guillermo Ortega Caicedo, quien también recomendó que se remita el expediente a la Judicatura para sancionar a los defensores de los consejeros por su actitud «obstruccionista» durante el proceso.
Reacciones: críticas y cuestionamientos
La decisión del TCE ha generado una oleada de críticas por parte de expertos, analistas políticos e internautas. Especialistas como Kintto Lucas, Juan Pablo Jaramillo y Andrés Arauz han manifestado su descontento, calificando la resolución como una “agresión a la democracia”. Para muchos, la destitución de los consejeros elegidos por voto popular refleja un atentado a la voluntad ciudadana.
Kintto Lucas, por ejemplo, señaló que esta decisión es parte de un “sometimiento al gobierno” y que el TCE “robó nuestro voto”, en clara alusión a lo que considera una violación de los derechos democráticos.
Por su parte, Andrés Arauz apuntó que la sentencia es inconstitucional, citando varias irregularidades en el proceso, como la aplicación de normas que ya habían sido declaradas inconstitucionales y la arbitrariedad en la decisión de sancionar por publicaciones en redes sociales.
El analista Juan Pablo Jaramillo también cuestionó la lógica detrás de la acusación, preguntándose cómo un simple color de camiseta podría influir en la decisión de los votantes si los resultados fueron tan dispares entre los consejeros.
Los consejeros destituidos se defienden
En medio de la controversia, los consejeros afectados también se pronunciaron. Eduardo Franco Loor calificó a los jueces del TCE como “enemigos de la justicia” y denunció que la decisión fue tomada bajo presión política y mediática. Aseguró que su derecho a una defensa justa fue vulnerado al negárseles la posibilidad de una audiencia presencial.
Por su parte, Augusto Verduga criticó la presión del gobierno sobre el TCE y afirmó que las acciones de los jueces, particularmente en el caso de la destitución de Alembert Vera, muestran una falta de coherencia y justicia. En su pronunciamiento, también cuestionó la lógica detrás de la sentencia y alertó que esta decisión debilita aún más la democracia en Ecuador.
La división en la opinión pública
La resolución del TCE también ha dado pie a una reflexión más amplia sobre la equidad y la imparcialidad en los procesos electorales. Diversos sectores de la sociedad han planteado dudas sobre la falta de sanciones similares a otros consejeros vinculados a otros partidos políticos y la demora del TCE en actuar frente a denuncias relacionadas con el uso indebido de recursos públicos por parte de otros actores políticos, como el candidato presidencial Daniel Noboa.
