El caso conocido como INA Papers, rebautizado después como Sinohydro, es ejemplo de cómo un proceso judicial puede convertirse en un enredo interminable de dilaciones, errores y arbitrariedades. Lo que comenzó hace casi siete años como una investigación por presunto cohecho vinculado al expresidente Lenín Moreno y su entorno, se ha transformado en un expediente que parece más un trabalenguas procesal que un camino hacia la justicia.
La audiencia preparatoria de juicio ya se realizó a finales del año pasado. Sin embargo, la Fiscalía presentó una apelación al sobreseimiento de dos ciudadanos chinos y una ecuatoriana de manera tan poco clara que el juez pidió precisiones. La respuesta tardó, como ha sido la tónica desde el inicio del proceso. A esto se suma otro detalle que no es menor: el acta de la audiencia preparatoria aún no ha sido subida al sistema judicial.
Sin ese documento, el caso no puede ser sorteado a una sala de la Corte Nacional (enredada en su propio laberinto de presiones políticas y actuaciones cuestionables) para que se inicie el juicio.
Y aunque estuviera disponible, primero debe resolverse la apelación al sobreseimiento. En otras palabras, el expediente está atrapado en un círculo burocrático que impide cualquier avance.
El caso ha estado marcado por retrasos sistemáticos, desaciertos procesales y graves ausencias del debido proceso. Una de las críticas más fuertes es la aplicación de la figura de cohecho, que según juristas y defensas de los más de 20 procesados, no corresponde a los hechos investigados. La tipificación errada ha sido un lastre que acompaña al caso desde sus orígenes.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el caso cambió de nombre por decisión de la entonces Fiscal General, Diana Salazar. Dejó de llamarse INA Papers —por las terminaciones de los nombres de las hijas de Moreno— y pasó a denominarse Sinohydro, el nombre de una empresa china que no tenía relación directa con el evento. Su gran “pecado” ha sido construir la mayor central hidroeléctrica del Ecuador, Coca Codo Sinclair, gracias a la cual Ecuador no ha tenido nuevos apagones y cuando los tuvo, no fueron tan largos por la generación de esta mega obra.
El cambio de nombre, más que aclarar, añadió confusión y alimentó la percepción de arbitrariedad, esta vez contra una empresa extranjera, lo cual pone en alerta a los inversionistas en este marco de inseguridad jurídica.
La pregunta inevitable es si este caso volverá a activarse en un momento de crisis política, como ya ha ocurrido antes, para polarizar a la sociedad y desviar la atención de otros problemas. La experiencia sugiere que sí: cada vez que el proceso ha cobrado relevancia pública, ha coincidido con coyunturas políticas tensas.
El caso INA Papers/ es hoy un símbolo de cómo la justicia puede enredarse en su propio laberinto. Entre apelaciones mal planteadas, actas que no se suben en el sistema, figuras jurídicas cuestionadas y un cambio de nombre inexplicable, el proceso se ha convertido en un espejo de la fragilidad institucional del país. Fin
