La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador comenzó el domingo 23 de marzo de 2025 con el esperado debate presidencial entre Daniel Noboa y la candidata Luisa González.
Sin embargo, este inicio estuvo marcado por una polémica: el presidente-candidato decidió nuevamente no solicitar licencia a la Asamblea Nacional, desafiando lo establecido por la Constitución, el Código de la Democracia y la Ley de la Función Legislativa.
Actividades proselitistas sin licencia
El 26 de marzo, Noboa envió un oficio ordinario al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que informó que ese mismo día llevaría a cabo actividades proselitistas, de 08:00 a 20:00, sin utilizar recursos públicos. El documento fue recibido por el CNE a las 07:47 de ese mismo día, apenas 13 minutos antes de que comenzara su jornada de campaña.
En el oficio, el presidente argumentó que la figura de licencia, tal como está establecida en la Constitución y las leyes, requiere un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Según él, «la falta de armonía» en la legislación le exime de solicitarla.
Noboa, junto al Ministro de Gobierno, José de la Gasca, afirma que su rol como Presidente proviene de un proceso extraordinario como la muerte cruzada, por lo que su eventual reelección no encaja dentro del concepto de reelección constitucional.
Preocupación por posibles infracciones electorales
Aunque Noboa no solicita licencia, también reconoce que le preocupa incurrir en infracciones electorales, como inducir al voto o utilizar recursos públicos con fines electorales. Por eso, su objetivo con este oficio es asegurar que pueda ejercer sus derechos políticos «en igualdad de condiciones con la contraparte» y evitar situaciones que puedan ser interpretadas como infracciones.
El CNE elude pronunciarse sobre la licencia de Noboa
La Consejera Elena Nájera ha solicitado más de seis ocasiones, desde octubre de 2024, una resolución de la presidenta del CNE para exigir al presidente-candidato que cumpla con el artículo 93 del Código de la Democracia, aplicable a todos los funcionarios electos que se postulan para un nuevo período. Sin embargo, según Nájera, la presidenta del CNE ha ignorado estas solicitudes, mientras que otras resoluciones, como la prohibición del uso de celulares durante la jornada electoral, se trató con urgencia.
Nájera criticó la falta de acción del CNE, señalando que cuando una autoridad siente que está respaldada por el organismo encargado de ejercer el control, puede abusar de la ley y de la Constitución. «Poco o nada hace para respetar este artículo», destacó.
Recomendaciones de los observadores internacionales
Los informes preliminares de las misiones de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han resaltado la controversia generada por la actuación de Noboa como presidente y candidato durante la campaña electoral.
La misión de la OEA, compuesta por 88 técnicos de 21 países, expresó su preocupación por la falta de claridad sobre si Noboa debía o no tomar una licencia. Según su informe, esta incertidumbre generó un alto nivel de tensión, desconfianza y desestabilización política. La misión recomendó que las instituciones pertinentes emitan un pronunciamiento claro y oportuno sobre las licencias de autoridades electas.
Por su parte, la misión de la UE, que estuvo en Ecuador durante dos meses, también señaló la controversia en torno a la decisión del presidente de no solicitar licencia. Según Gabriel Mato, jefe de la misión, «la decisión generó controversia y acusaciones de sesgo político». En su informe, los observadores sugirieron que instituciones como el CNE, el Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional deben intervenir para evitar que la controversia afecte el desarrollo de la segunda vuelta electoral.
El riesgo de una campaña desequilibrada
A pesar de las recomendaciones y las críticas, el presidente-candidato continúa desafiando la Constitución y la normativa electoral, ejerciendo un doble rol que pone en peligro no solo la transparencia de las elecciones, sino la estabilidad institucional en Ecuador.
El CNE, al evitar pronunciarse sobre la situación, deja abierta una peligrosa brecha de incertidumbre que podría generar mayores tensiones políticas en el país en los días previos a la segunda vuelta, programada para el 13 de abril.
