Una reciente auditoría realizada por la Contraloría General del Estado (CGE) al censo de población de 2022, bajo el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, ha desvelado graves errores en los datos oficiales. La investigación reveló que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) no aplicó los controles adecuados, lo que generó inconsistencias alarmantes en la información. En total, la auditoría detectó 759,000 errores en los datos recolectados.
El exdirector Villacís ya había advertido sobre las posibles consecuencias de un censo mal ejecutado, señalando que «no solo se desperdician recursos», sino que los errores afectan la distribución de recursos públicos y la participación política. Esta auditoría hoy revela que las advertencias de Villacís eran reales.
Errores críticos en el censo de 2022
La auditoría, que revisó los sistemas informáticos empleados para recopilar la información, concluyó que la falta de reglas de validación definidas por el INEC provocó estas discrepancias. En el análisis se identificaron múltiples errores. Por ejemplo, se encontraron 47,143 cédulas de ciudadanos que se declararon como cabezas de hogar, pero no figuraban como tales en el censo. Además, 30,162 de estos registros no estaban presentes en la base de datos del INEC. Otros 98,067 formularios fueron completados en línea, pero solo se tiene información incompleta de las 166,082 personas registradas.
Otro hallazgo preocupante fue que 71,412 personas empadronadas aparecieron repetidas en varias viviendas, lo que ha afectado la precisión de los datos. Esto, a su vez, distorsionó el número de ciudadanos afrodescendientes, reduciéndolo a 31,369 personas menores de 15 años.
Impacto en políticas públicas
Gabriela Sulca, subcontralora de auditoría de la CGE, entrevistada por Ecuavisa destacó que estas fallas metodológicas afectan directamente la creación de políticas públicas. “Las políticas públicas se emiten para sectores específicos de la población, y los datos erróneos conducen a decisiones equivocadas, como la distribución de subsidios y vacunas”, afirmó Sulca.
Inconsistencias en las entrevistas
El informe también señala que 11,000 entrevistas duraron entre 20 segundos y 10 minutos, mientras que el tiempo estimado para completar una entrevista era de 30 minutos. Esta falta de rigor pone en duda la calidad de los datos recolectados.
Recomendaciones y responsabilidades
A pesar de las irregularidades, la CGE no recomienda repetir el censo, pero sí exige que el INEC corrija y complete los datos dentro de un plazo de 90 días. Además, la auditoría determina la responsabilidad administrativa del director del INEC y su equipo técnico.
Advertencias previas del exdirector del INEC
El exdirector del INEC, Byron Villacís, había advertido con antelación que los resultados del censo podrían generar problemas políticos, económicos y sociales. Según Villacís, había cuatro problemas graves con la metodología del censo que, de haberse resuelto, habrían evitado las discrepancias actuales.
- Época electoral inapropiada: Villacís subrayó que la realización del censo durante una campaña electoral era un error, ya que se mezclaban dos procesos con gran impacto político y logístico.
- Preguntas confidenciales: El cuestionario del censo incluía preguntas sobre identidad y preferencias sexuales, lo que podría haber generado respuestas sesgadas y violado la privacidad de los ciudadanos.
- Obligación de proporcionar el número de cédula: Esta medida fue calificada como ilegal por Villacís, al poner en riesgo la privacidad de los ciudadanos y aumentar el potencial de mal uso de los datos.
- Mezcla de metodologías censales: Villacís también advirtió sobre la inclusión de censos físicos y virtuales en un solo operativo, lo que podría distorsionar los resultados debido a las diferencias en las respuestas de los hogares.
Quejas y denuncias adicionales
Durante el proceso del censo, también se reportaron falta de capacitación para los censadores y una huelga de voluntarios por impagos. Además, el tiempo de entrega de los resultados se extendió desde diciembre hasta agosto, lo que ocasionó que muchas personas se mudaran o no fueran censadas adecuadamente. Esto resultó en resultados erróneos, como la disminución en la población de ciertas etnias, lo que afectó la distribución de recursos y políticas públicas.
Finalmente, los errores detectados en el censo de 2022 no son meros fallos técnicos, sino que reflejan un serio descuido en la gestión de datos fundamentales para el bienestar del país. Esta auditoría confirma las advertencias del exdirector Villacís y pone en evidencia la falta de rigor y planificación por parte de las autoridades encargadas del proceso y del expresidente Guillermo Lasso quien prefirió ignorar las advertencias en lugar de retrasar el censo y garantizar que la base de datos que sostiene las políticas públicas, desde la distribución de recursos hasta la asignación de subsidios, sea precisa, justa y confiable.
