Ecuador enfrenta una crisis de femicidios sin una respuesta real por parte del gobierno de Daniel Noboa
A pesar de las declaraciones del candidato presidencial Daniel Noboa, quien, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre de 2024, afirmó que los femicidios se habían reducido en un 35% en comparación con el mismo periodo de 2023, la realidad en Ecuador sigue siendo desgarradora. Según el Ministerio de Mujer y Derechos Humanos, la tasa de femicidios en lo que va de 2025 es de 12. Sin embargo, las cifras reveladas por diversas organizaciones muestran un panorama mucho más grave.
Las cifras reveladas por ALDEA
La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), una organización comprometida con la construcción de una sociedad justa y equitativa, informa que la cifra oficial del gobierno es considerablemente más baja que la real. Según sus registros, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2025, se han documentado al menos 82 femicidios, lo que implica que la tasa de asesinatos de mujeres es casi seis veces mayor de lo reportado por el gobierno.
Un mapa elaborado por ALDEA destaca una realidad alarmante: en Ecuador, una mujer, niña o adolescente es asesinada cada 21 horas. De estos casos, el 61% (50 femicidios) ocurrió en el contexto de sistemas criminales, lo que pone de manifiesto el grave impacto del crimen organizado en la violencia contra las mujeres.
Detalles de los 82 femicidios
De los 82 casos registrados:
- 31 femicidios ocurrieron en entornos íntimos, familiares o sexuales.
- 1 transfemicidio fue reportado en la provincia del Oro.
- 4 víctimas estaban embarazadas.
- 4 mujeres fueron víctimas de abuso sexual.
- Al menos el 25% de los femicidas tenía un vínculo sentimental con la víctima.
Las edades de las víctimas oscilan entre 11 meses y 62 años, con un promedio de 19 años. La edad promedio de las víctimas ha disminuido considerablemente: de 29 años en 2022, a 22 años en 2023, y a solo 19 años en 2025.
De las 82 mujeres asesinadas, 12 eran niñas o adolescentes. Además, 22 de ellas eran madres, dejando huérfanos a 42 niños, niñas y adolescentes. Desde la tipificación del femicidio en 2014 hasta 2024, al menos 1.895 niños y adolescentes han quedado huérfanos debido al asesinato de sus madres.
El impacto de la violencia: un círculo vicioso
En muchos casos, los hijos e hijas de las víctimas quedan huérfanos no solo de madre, sino también de padre. Según el mapeo, hay varios casos en los que el agresor también es el padre de los niños. Solo en 2024, 12 femicidas se suicidaron tras cometer el crimen, mientras que otros cuatro intentaron hacerlo.
Además, el uso de armas de fuego en los femicidios sigue en aumento. El 73% de los femicidios fueron cometidos con armas de fuego, una cifra aún mayor que el 62% registrado en 2023. Las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos han reportado la mayor cantidad de femicidios cometidos con armas de fuego.
La falta de prevención: una crisis ignorada
Un dato preocupante es que, en algunos casos, la violencia podría haberse prevenido. Tres de las 82 mujeres asesinadas habían denunciado situaciones de violencia previamente. Una de ellas incluso tenía una boleta de auxilio, una medida de protección legal diseñada para evitar que el agresor se acerque a la víctima.
La política del gobierno frente al femicidio
El 8 de marzo de 2025, mientras miles de mujeres marchaban en las calles exigiendo justicia y recordando a las víctimas de femicidio, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto que oficializa el reglamento de la Ley de Reparación para los familiares de las víctimas de femicidio. El reglamento establece mecanismos de apoyo psicológico, acceso a educación, vivienda y oportunidades económicas para los familiares de las víctimas.
Ese mismo día, Noboa también destacó la creación del fondo “En memoria de ellas”, que brindará apoyo económico y acompañamiento para la autonomía de los familiares de las víctimas. Además, el gobierno ha entregado seis Centros Violetas, que se suman a los ocho existentes a nivel nacional, destinados a atender integralmente a las víctimas de violencia basada en género.
Políticas insuficientes: el llamado a la acción
A pesar de lo anunciado de manera oficial, los resultados siguen siendo insuficientes. Las políticas de sensibilización y capacitación implementadas por el gobierno, como talleres de género dirigidos a mujeres, personal militar y autoridades locales, apenas alcanzan a un máximo de 60 personas por evento. Esto pone en evidencia la falta de un enfoque integral y suficiente para abordar esta crisis.
ALDEA también denuncia la necesidad de una respuesta más coherente y efectiva por parte del gobierno. La organización insta a crear un registro oficial de femicidios que permita documentar la escalada de violencia y tomar medidas adecuadas de prevención, protección y reparación para las víctimas y sus familias. «Cada asesinato de una mujer o niña es un fracaso del Estado», afirman desde ALDEA, quien aboga por una acción interinstitucional que combata esta grave problemática.
