La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador contra la vicepresidenta Verónica Abad ha generado preocupación internacional. La suspensión de sus derechos políticos, basada en una interpretación controvertida sobre violencia política contra las mujeres, es vista como un acto de persecución política.
Preocupación internacional por la violación de derechos
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres, Reem Alsalem, expresó su alarma por la resolución del TCE. En su declaración del 26 de marzo de 2025, advirtió sobre los riesgos de usar leyes distorsionadas para limitar el poder de las mujeres electas. Además, destacó que no se ha probado ninguna violencia real contra Abad.
El Observatorio de la Unión Europea también mostró su preocupación. Señaló que las acciones contra la vicepresidenta son un ataque al orden constitucional de Ecuador. Esto pone en peligro la integridad de las elecciones y la participación política de las mujeres.
Denuncias de persecución política
Juristas y analistas nacionales coinciden en que la persecución a Abad es una estrategia del presidente Daniel Noboa para callar a la oposición y mantener el control del Estado. Abad ha denunciado la cooptación de órganos como el TCE, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía General del Estado por parte del Ejecutivo.
En entrevistas, Abad acusó al gobierno de tomar medidas ilegales contra ella, como la suspensión de sus derechos políticos, la pérdida de su cargo y la persecución de su familia y abogados.
Violación de derechos internacionales
Expertos en derechos humanos han alertado sobre el uso indebido del sistema judicial ecuatoriano para reprimir a la vicepresidenta. En su pronunciamiento de febrero de 2025, destacaron que las acciones contra Abad violan tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Desde que asumió el cargo en 2023, Abad ha enfrentado medidas arbitrarias que han puesto en riesgo su seguridad. Entre ellas están su envío forzoso a Israel y Turquía, la suspensión sin sueldo de su cargo y la detención de su hijo mayor y su abogado. Estas acciones se consideran intentos de silenciar su voz política y violan derechos fundamentales.
La denuncia de Abad: una llamada de atención internacional
Abad ha sido clara en su denuncia: la situación en Ecuador no es solo un ataque a su persona, sino a la democracia misma. Ha señalado que existe una «concertación para delinquir» entre los poderes del Estado. El gobierno está acusado de cometer peculado, violación de derechos humanos y fraudes procesales.
Abad advirtió que las acciones del gobierno, como el encarcelamiento de su abogado y la detención de su entorno cercano, no quedarán impunes. Asegura que llevará el caso a instancias internacionales y que la justicia prevalecerá, a pesar de la impunidad en el país.
Exigencias de justicia y respeto al Estado de Derecho
El caso de Verónica Abad se ha convertido en un símbolo de la lucha por la democracia y los derechos humanos en Ecuador. La comunidad internacional sigue de cerca este caso y exige que se respete el Estado de Derecho. Se pide que se restituyan los derechos de Abad y que se garantice un proceso electoral libre y transparente.
Se hace un llamado urgente a las autoridades ecuatorianas para que cesen la persecución política, garanticen la independencia judicial y respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente los de las mujeres en cargos de poder.
