Desde que se vinculó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Triple A, las acciones de la Fiscalía parecen haberse intensificado. Este jueves 11 de abril, se ejecutaron tres allanamientos en domicilios de funcionarios municipales, sin presencia de armas, pero con decomisos de equipos electrónicos.
Operativo sin armas, pero con decomisos
En su cuenta de X, el alcalde Álvarez denunció que agentes policiales allanaron las viviendas de Egis Caigedo y Marcos Toro, bajo la sospecha de presunta posesión de armas. Sin embargo, según el burgomaestre, no se encontró armamento alguno: solo se incautaron celulares y computadoras.
“El operativo fue directo al maltrato y a buscar equipos electrónicos”, escribió. Además, señaló que con estas acciones buscan “sembrar miedo y temor en la gente, pero acá generar eso es bien difícil… Nadie se asusta”.
¿Allanamiento a funcionario que notificó a empresas de Noboa?
El tercer allanamiento fue en el domicilio de Damián Cabrera, funcionario de la Dirección de Justicia y Vigilancia. Según Álvarez, no se trata de una coincidencia: Cabrera notificó deudas municipales a empresas vinculadas al actual presidente y candidato presidencial, Daniel Noboa. “Por deudores, por morosos”, expresó Álvarez, sugiriendo que este hecho motivó el operativo.
Interrogatorio en medio del estado de excepción
Capturas de mensajes de la esposa de Cabrera, compartidos por el propio Álvarez, indican que los agentes alegaron actuar bajo el amparo del estado de excepción. No obstante, el interrogatorio se centró en la relación del funcionario con la administración municipal actual y pasada, así como en su antigüedad en el cargo.
Reacciones y advertencias
La denuncia generó reacciones de respaldo en redes sociales. Juristas alertaron sobre un posible patrón de persecución política impulsado desde la Fiscalía, advirtiendo que se estaría violando el debido proceso y utilizando el sistema judicial para perseguir a opositores del presidente Noboa.
“La Fiscalía General del Estado se ha acostumbrado a violar el debido proceso y a perseguir a quienes el presidente considera sus adversarios. Esto atenta contra la democracia, las libertades individuales y el Estado de Derecho”, señalaron.
