La creación de la Secretaría Anticorrupción y las acusaciones infundadas
En 2019, el gobierno de Lenín Moreno, mediante el Decreto 665, creó la Secretaría Anticorrupción con el propósito de generar políticas y facilitar la denuncia de actos corruptos. El 6 de febrero de ese mismo año, el gobierno designó a Dora Ordóñez al frente de esta nueva entidad.
En octubre, Ordóñez hizo una declaración pública en la que afirmó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había realizado un estudio regional en el que se mencionaba que 70 mil millones de dólares fueron mal manejados durante el gobierno de Rafael Correa.
El desmentido del BID
El 27 de abril de 2020, el BID desmintió las afirmaciones de Ordóñez. En una carta enviada al asambleísta Mauricio Proaño, el BID señaló que no existía un informe que corroborara las declaraciones de la exsecretaria.
El organismo internacional, a través de su representante en Ecuador, Fernando Quevedo, explicó que el informe de análisis fiscal en América Latina no hacía mención de la corrupción ni de la cantidad mencionada de 70 mil millones de dólares.
El BID, en su informe titulado «Mejor gasto para mejores vidas», aborda temas de eficiencia en el gasto público y menciona la corrupción, pero nunca especifica una cifra como la alegada por Ordóñez.
¿Qué representa realmente 70 mil millones de dólares?
Los cálculos realizados por usuarios en redes sociales evidencian lo absurdo de la cifra de 70 mil millones de dólares. Si esta cantidad fuera en billetes de 20 dólares, se necesitarían 3500 toneladas de dinero, y su transporte requeriría miles de camiones. Además, estos billetes podrían rodear la Tierra 43 veces y alcanzarían una altura de 350 kilómetros si se apilaran.
Este ejercicio muestra lo irreal de la acusación y pone en evidencia la manipulación mediática utilizada para justificar la ineficiencia gubernamental.
El contexto de la deuda pública
En cuanto a las cifras oficiales, al finalizar el gobierno de Rafael Correa, la deuda pública ecuatoriana ascendía a 41.8 mil millones de dólares. Sin embargo, bajo los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, la deuda aumentó considerablemente, llegando a 63.1 mil millones al final del gobierno de Moreno y superando los 80 mil millones de dólares al cierre del mandato de Lasso.
Estos aumentos no se destinaron a la inversión en infraestructura, sino al pago de gasto corriente y los intereses de la deuda, en contravención de lo que establece la Constitución.
Con estos argumentos queda demostrado que las acusaciones sobre los 70 mil millones de dólares robados durante el gobierno de Rafael Correa no son más que una mentira propagada por intereses políticos, mientras el país sigue enfrentando la deuda pública creciente.
Es necesario cuestionar y analizar la información para evitar que se sigan repitiendo falacias que desinforman a la población.
